La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (Cpadbrd) se niega a acatar la sentencia de Tribunal Superior Administrativo no. 030-1643-2022-SSEN-0019, mediante la que un juez ordenó la reintegración, pago de salarios pendientes y una indemnización por daños y prejuicios por toda la ilegalidad cometida, a favor de Jenniffer Campis, quien fue cancelada de la institución en estado de embarazo y siendo miembro de la Comisión de Ética Pública.

Así lo informó Campis, agregando que cuenta además con el apoyo de la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, quien, a través de una carta solicitó al actual titular de la entidad, Rolfi Rojas, su integración.

De acuerdo con Campis, al ser cancelada, en 2019, estando en estado de embarazo, se quedó sin seguro médico y sin el disfrute de sus prestaciones laborales correspondientes.

La joven informó además que, en busca de que se le hiciera justicia, acudió al Ministerio de Administración Pública (MAP), obteniendo como resultado que se declare de ilegal la cancelación y la solicitud de su reposición.

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Asimismo, la Dirección General de Ética Gubernamental (Digeig) emitió una resolución conjunta y alegó que no podían cancelar a Jenniffer Campis por su condición de Miembro de la Comisión de Ética Pública.

«Pero la Comisión Barrial se negó a todo esto, a pesar de las multiples pruebas y documentos. Ya no sabemos qué más hacer», enfatizó Campis.

Durante sus años de servicios en el sector público, Campis se destacó como una empleada ejemplar, ganando reconocimientos, y certificaciones para la institución, y destacándose como empleada del año.