Loyda Peña 
Grace Ventura R. dijo que la USES tiene una encargada y varios auxiliares para los trámites e investigación efectiva de casos de esa unidad.
Directora de USES dice organismos castrenses y Policía desacatan. También la PGR y Fiscalía del Distrito figurante omisos.
Uno de los mayores desafíos que sigue encarando el Tribunal Constitucional (TC), trece años después de creado, es el cumplimiento de la ejecución de sus sentencias, cuya omisión es “grave” dado su carácter de definitiva e irrevocable, y de la fuerza vinculante que tienen para todos los poderes públicos y órganos del Estado.
La preocupación de la Alta Corte es válida si se toma en cuenta que, desde el 2018, cuando entró en funcionamiento la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencia (USES), a la fecha suman 89 las sentencias dictadas por el TC que no han encontrado respuesta de ejecución.
Esta situación se ha dado, principalmente, entre instituciones, organismos y funcionarios públicos demandados.
De acuerdo con la secretaria del TC y directora de la USES, Grace Ventura Rondón, la mayoría de reclamos por incumplimiento de ejecución de sentencia que llegan allí, son contra los cuerpos castrenses y la Policía, por desvinculación de miembros.
Y, aunque parezca una paradoja, entre las instituciones y organismos públicos que también hacen caso omiso a las sentencias del TC, se encuentra el Ministerio Público, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección de Prisiones.
Además, los ministerios de Educación, Hacienda y Obras Públicas; Registradora de Títulos de Puerto Plata, Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del departamento norte.
Respecto de los cuerpos castrenses y la Policía, Ventura Rondón aseguró que el tema del incumplimiento “es más complicado”, y que el TC ha hecho ingentes esfuerzos para que cumplan con los derechos fundamentales de sus miembros, que muchas veces son cancelados.
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“A mayor cantidad de sentencias, más inejecuciones de fallos vamos a tener con relación a eso”, dijo Ventura Rondón, en entrevista para Hoy.
Agregó que el caso de las instituciones y funcionarios públicos que no ejecutan las decisiones en un plazo razonable, la Alta Corte agota primero, el procedimiento disciplinario establecido por la Ley sobre Función Pública.
La directora de la USES aclaró que el TC no actúa de oficio, sino, a instancia de parte, mediante escrito argumentativo que debe ser depositado en la institución.
Resaltó que de los 89 expedientes recibidos, solo tres han sido resueltos y los 86 restantes están en conciliación. Se trata de sentencias emitidas entre los años 2013 y 2021.
Procedimiento.
Son los mismos aplicados en la jurisdicción ordinaria y en el derecho común, siempre que sean compatibles o equiparables con la materia decidida y las faltas cometidas, indistintamente.
Quien se sienta afectada debe depositar por escrito su solicitud ante el TC. La USES investiga y remite el expediente al Pleno, que designa al juez para que, en audiencia preliminar en Cámara de Consejo, procure un acuerdo amigable entre las partes.
Desacato de las sanciones
Incluyen acción penal
En caso de no acuerdo entre las partes, el Pleno procederá a dictaminar adoptando las medidas que considere oportunas para la ejecución de la sentencia. Incluye imposición de astreinte, fuerza pública, y denunciar la violación artículo 114 del Código Penal ante la autoridad competente.
