Por haber crecido en una pequeña isla de apenas 48 mil kilómetros cuadrados nos acostumbramos a decir, como quien proclama una verdad que no hace falta discutir, que este es un país muy chiquito donde todo el mundo se conoce. Y aunque todavía sigue siendo así para algunas cosas y algunas personas, como por ejemplo la política y los chismosos, hace tiempo que dejamos de ser esa bucólica aldea donde la vida era más simple y los problemas y conflictos eran más fáciles de solucionar y resolver.

Quizá por eso resulta tan difícil de aceptar el dato, definitivamente estremecedor para las familias involucradas: al menos 30 personas han desaparecido sin dejar rastros, como si la tierra, literalmente, se los hubiera tragado, en este 2023 que apenas recorre la mitad del calendario.

¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Buscando respuestas a esas y muchas otras preguntas que permanecen sin responder sobre su incierto destino fue que el pasado sábado se reunieron, a las puertas del Palacio Nacional, familiares y amigos de personas desaparecidas.

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Fue otra forma de reclamar respuestas de las autoridades sobre los casos sin resolver, que se amontonan en el Registro de Desaparecidos de la Policía Nacional, que solo cuenta con la ridícula cantidad de diez agentes para dar seguimiento a los casos que se reportan desde todos los puntos del país.

Pero me imagino que el verdadero objetivo de esa protesta frente a la Casa de Gobierno fue apelar a la sensibilidad del presidente Luis Abinader, que por lo que ha demostrado basta y sobra para disponer el reforzamiento de la capacidad de respuesta de la Policía al problema tanto en términos de personal como en equipos tecnológicos.

Porque no hace falta que se pierda el abuelo, o que el vecino de toda la vida salga un día para su trabajo y no regrese, para entender la angustiosa incertidumbre en la que están viviendo las familias de los desaparecidos.