El diputado Sergio (Gory) Moya de la Cruz y su hermano Juan estuvieron involucrados en un expediente de narcotráfico a finales de los años 90, del que su hermano se declaró culpable en Puerto Rico.

Fue considerado uno de los casos de lavado de dinero más grande.

Juan y Sergio fueron descritos en las notas periodísticas de la época como individuos que habitaban casa humilde en el municipio Sabana Grande de Boya, provincia de Monte Plata, pero que después tendrían millones de pesos. En ese proceso, el hoy diputado ejerció su derecho a defensa con el argumento de que le hacían una maldad en la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Sostuvo que rehusó dar dinero a una persona que lo “chantajeba con involucrarlo en los negocios de su hermano Juan”.

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A 23 años de ese proceso, el legislador es mencionado en la Operación Calamar y el Ministerio Público lo ubica en la red de corrupción como uno de los presuntos jefes, dedicado al cobro irregular a bancas de lotería, dentro del grupo de 20 imputados, entre los que figuran exministros, exdirectores del pasado gobierno de Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) junto a empresarios, a los que les atribuyen sustraer más de 19,000 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano.

No se conoce estutos penal

Hasta ayer, en el Congreso Nacional no estaba claro si fue notificada la orden de apresamiento o de citación para interrogar a Moya de la Cruz.

Hoy hace seis días de que la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR), Yeni Berenice Reynoso, informó que solicitarían la designación de un juez especial de la instrucción para abrir el proceso penal contra el legislador implicado en la red de corrupción del caso Calamar.

Moya de la Cruz es diputado de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).