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La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aplazó el conocimiento de la extradición de Juan Rafael Parra Arias y José Imael Diloné Rodríguez, dos de los 16 dominicanos acusados de estafar a personas mayores en Estados Unidos, desde un call center en República Dominicana.
La audiencia se fijó para el jueves 9 de mayo, a los fines de que sus abogados puedan conocer el expediente y preparar la defensa.
Cabe destacar a Juan Rafael Parra Arias tiene impuesta prisión domiciliaria y grillete por el caso Discovery, en la provincia Santiago.
A éste se le atribuye la plataforma con las que los criollos ejecutaban el fraude a los ancianos, que fue dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, recientemente.
Aceptan extradición
En tanto que Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Félix Samuel Reynoso Ventura, decidieron irse voluntariamente a Estados Unidos a enfrentar los cargos que les atribuyen.
Ambos ahora enfrentarán cargos de fraude postal y electrónico, así como por lavado de activos.
Otros vinculados
En el caso también se imputa a Nefy Vladimir Parra Arias, alias “Keko”, de 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, mejor conocido “Nelson Tech”, de 35; Carlos Javier Estévez, de 45; Louis Junior Serrano Rodríguez, alias “Junior”, de 27; Miguel Ángel Vásquez, conocido por “Miguel Disla”, 24, y Jovanni Antonio Rosario García, con renombre de “Porky”, con 45 años.
Asimismo, Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años, del Bronx, Nueva York; Jhonny Cepeda, 27, y Ramón Hurtado, 43, ambos de Nueva York; y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronxñ también pertenecían a la red de estafadores.
¿Cómo operaba la red?
Los robos lo ejecutaban vía llamada telefónica por los miembros denominados (abridores), utilizaban una tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos, una vez que los abridores engañaron a las víctimas, otros conocidos como (cerradores), se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas de que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
«Continuaremos identificando a los perpetradores de estos esquemas y dando prioridad a la persecución de aquellos que deliberadamente apuntan a consumidores vulnerables, ya sea que se encuentren en los Estados Unidos o en el extranjero», manifestó el fiscal general adjunto Arun Rao de la división civil.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que los cargos de la acusación y denuncia conlleva una pena máxima hasta 20 años de prisión, y una multa de 250.000 dólares a 500.000 dólares.
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