El Estado frente a su espejo

El Informe Nacional de Derechos Humanos plantea una reflexión ineludible sobre la capacidad institucional para garantizar derechos y sostener la confianza democrática.

La legitimidad de un Estado moderno no se mide solo por la fortaleza de sus leyes ni por la amplitud de su infraestructura pública. Se mide, sobre todo, por la experiencia cotidiana del ciudadano cuando busca un servicio esencial: salud, seguridad, agua, educación, transporte o acompañamiento institucional. Esa experiencia es el verdadero termómetro de la democracia. El Informe Nacional de Derechos Humanos 2025, presentado por el Defensor del Pueblo, coloca ese espejo frente al país y nos invita a observar, con serenidad, lo que aún necesita corregirse.

El hallazgo más significativo del informe —uno de cada cinco dominicanos ha vivido vulneración de algún derecho en los últimos tres años— debe ser asumido como un indicador estructural, no coyuntural. Los datos no describen episodios aislados; describen patrones que obligan a reflexionar sobre el funcionamiento de los servicios públicos y la capacidad del Estado para responder a las expectativas de una ciudadanía cada vez más consciente y exigente. La democracia se erosiona cuando la experiencia institucional contradice la promesa constitucional.

La salud, nuevamente, emerge como el derecho más afectado. Este fenómeno no sorprende, pero sí interpela. Un sistema sanitario saturado, desigual y con barreras económicas genera no solo frustración individual, sino una percepción colectiva de fragilidad estatal. Los testimonios recogidos en hospitales, barrios y comunidades rurales evidencian brechas que deben cerrarse. La salud no puede seguir siendo el escenario donde la vulnerabilidad se hace más visible.

La seguridad ciudadana, por su parte, enfrenta un desafío de credibilidad que el informe expone con claridad: casi el 50 % de la población identifica a la Policía Nacional como la institución donde más siente vulneración de derechos. Este dato obliga a una reflexión profunda sobre cultura institucional, protocolos de actuación, supervisión y formación. La seguridad, entendida como bien público, requiere equilibrio entre autoridad y legitimidad. No hay seguridad sostenible sin confianza.

El informe también revela un reto cultural de gran magnitud. Uno de cada tres dominicanos no conoce ningún derecho, y una parte significativa de la población mantiene ideas erróneas sobre los derechos humanos y su relación con la lucha contra la delincuencia. La ausencia de educación cívica limita la capacidad del ciudadano para exigir, participar y comprender la función del Estado. Una democracia sin ciudadanos informados es una arquitectura incompleta.

A pesar de estos desafíos, el informe ofrece un dato alentador: el 54.5 % de los dominicanos confía en el Defensor del Pueblo, ubicándolo como la institución pública mejor valorada. Este nivel de confianza no es accidental; es resultado de una práctica institucional basada en evidencia, acompañamiento territorial, transparencia y escucha activa. La confianza es un activo democrático que fortalece al Estado y orienta a las demás instituciones hacia la responsabilidad y la mejora continua.

El país tiene ahora una oportunidad clara: utilizar este informe como una hoja de ruta para fortalecer la gobernanza, mejorar la prestación de servicios públicos y renovar el compromiso ético del Estado con la ciudadanía. La democracia dominicana avanza cuando se reconoce a sí misma, cuando corrige lo que no funciona y cuando protege, de manera efectiva, la dignidad de las personas. Ese es el desafío y, al mismo tiempo, la posibilidad que este informe pone frente a todos.