Los dominicanos estamos perdiendo la lucha contra la droga. Cada día es más evidente que algunos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional colaboran con los narcotraficantes y, si es así, no hay forma de resolver, o siquiera reducir, el problema. La llegada de costosos Tucanos y nuevos radares tampoco resolverá el asunto si los pilotos de los aviones y los operadores de esos radares colaboran con los narcotraficantes, haciéndose de la vista gorda, o advirtiendo que barcos y aviones han sido detectados y son esperados. Los criminales capturados, como el caso de la célebre Sobeida, logran escapar con la complicidad de ciertas autoridades.

Ante esa situación, ¿qué nuevo se puede hacer? ¿Qué cambio de estrategia se puede diseñar?

Existen dos alternativas o nuevas políticas. Una es hacer como otros países y legalizar el uso y comercio de ciertos tipos de drogas, lo que reduciría su precio y sacaría a los narcotraficantes del negocio, como ocurrió en 1933 cuando los Estados Unidos legalizaron el consumo de bebidas alcohólicas. En agosto pasado México descriminalizó la posesión de pequeñas cantidades de drogas, sin importar el tipo, para que su ejército y policía puedan concentrarse en la lucha contra los narcotraficantes, no los usuarios. Ese mismo mes la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional el perseguir a los que poseen drogas y un mes después lo mismo hizo la Suprema Corte de Colombia. Se dice que Brasil y Ecuador están considerando también descriminalizar, lo que, además, reduce la cantidad de reos en las cárceles y el consecuente costo y aglomeración. En España, Portugal, Italia, la República Checa y los Estados Bálticos, la posesión personal de drogas ya no es un crimen, como tampoco lo es en ciertas provincias alemanas y cantones suizos.

A principios de este año un reporte de los ex Presidentes Cardoso de Brasil, Zedillo de México y Gaviria de Colombia sugirió alternativas a la criminalización y la prohibición.

El ascenso al poder de Obama, en contraste con el conservadurismo de Bush, es en parte responsable de las nuevas actitudes en Latinoamérica, Canadá y Europa hacia la descriminalización, aunque en el propio Estados Unidos los líderes afroamericanos son los que más se oponen a ella, al considerar que los negros pobres de los barrios de las grandes ciudades serían los más perjudicados, al aumentar el consumo. También existe la convención de Naciones Unidas que prohíbe la venta y posesión de narcóticos, a la cual estamos todos suscritos. Sin embargo, ya la administración de Obama no permite que las autoridades federales cierren los dispensarios de marihuana autorizados por leyes en catorce Estados y que han descriminalizado su posesión para uso personal. En Inglaterra ya tan sólo un 0.2% de los que son encontrados con marihuana van a la cárcel y los pocos que sí van no pasan más de tres meses allí. Pero en nuestro país un 83% de la población se opone a la legalización, según la encuesta Gallup-Hoy de esta misma semana. Lograr el cambio es, pues, bastante cuesta arriba.

Otra alternativa es hacer lo que ya ha hecho El Salvador, quien admite la ubicación en su territorio de aviones norteamericanos equipados para la lucha contra las drogas, con tripulantes tanto norteamericanos como salvadoreños. Eso ha reducido muchísimo la llegada de drogas, ya que se presume que una tripulación norteamericana es insobornable. Eso hubiese sido una alternativa más barata y eficaz que nuestros Tucanos. De hecho, desde 1995 firmamos un acuerdo con Washington permitiendo la presencia en nuestras aguas territoriales de barcos de la marina norteamericana y de sus servicios de guardacostas, con tal de que a bordo esté un oficial dominicano. Es cuestión de extender el concepto a nuestros cielos. Existiendo bases americanas en un sitio tan cercano como Puerto Rico, su costo no debe ser alto. ¿Tienen los americanos la voluntad para ayudarnos en tal acción? Preguntémosle al nuevo Embajador Yzaguirre cuando llegue.