SANTIAGO.- Los dueños de bares y discotecas de esta ciudad que han perdido cerca de RD$2,500 millones durante la pandemia, solicitaron este martes a los ministerios de Salud Pública y Turismo crear los canales de diálogo con el sector para poder ejecutar protocolos sanitarios funcionales contra el covid-19.

En ese sentido, propusieron a las autoridades sanitarias ampliar los centros y horarios de vacunación, para lo cual pusieron a disposición de las autoridades sus establecimientos y recursos humanos.

Dijeron que esta puede ser una alternativa para agilizar la apertura total de este sector y eliminar el toque de queda como plantea el presidente de la República, Luis Abinader, cuando se logre el 70% de la población vacunada en cada provincia del país.

Los empresarios aglutinados en el Clúster de Bares y Discotecas de Santiago hablaron durante una rueda de prensa encabezada por el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Acis), Sandy Flipo, en el Edificio Empresarial, de esta ciudad.

Filpo manifestó que los representantes de este sector que emplea a miles de personas busca dialogar con las autoridades para reabrir sus negocios, ya que más 30 establecimientos han quebrado por la crisis impuesta por las medidas restrictivas como consecuencia de la pandemia.

“Hacemos un llamado a las autoridades a vernos como sus aliados y no antagonizarnos cuando estamos en plena disposición en cumplir con todas las medidas y decretos asignados por nuestro Presidente. En nuestros espacios comerciales es más fácil llevar un protocolo sanitario que en fiestas privadas y las llamadas clandestinas”, explicaron Jordan Ordóñez y Albert Ortiz, del Clúster de Bares y Discotecas.

Los empresarios también solicitaron a las autoridades un plan de reintegración multifacético del sector que representan para garantizar los miles de empleos e inversiones que tienen en la ciudad, así como flexibilidad de acceso a capital de trabajo y préstamos blandos.

Igualmente, pidieron un paro temporal del cobro de servicios públicos, ya que llevan más de un año pagando servicios para no hacer uso de ellos en sus negocios.