Quito. El Gobierno ecuatoriano ha restringido el acceso a las comunicaciones, y también las visitas, al periodista Julian Assange por “no poder controlarse” y opinar sobre cuestiones que Quito considera perjudican a su política exterior, entre ellas la de Cataluña.

Assange consideró con ello el Gobierno ecuatoriano ha violado un acuerdo de diciembre de 2017 por el que se había comprometido a no opinar sobre cuestiones de otros países y deberá afrontar esta desconexión “de forma indefinida”, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

De las sanciones informó el Gobierno de Ecuador en un comunicado en el que decía haber suspendido “los sistemas que permiten a Assange comunicarse con el exterior desde la embajada ecuatoriana en Londres”, donde está asilado desde hace cerca de seis años.

Efe ha sabido también que, a partir de ahora, le serán asimismo restringidas las visitas. Las decisiones comenzaron a aplicarse desde el martes y reflejan el cansancio del actual Gobierno de Lenín Moreno con los continuos pronunciamientos políticos del fundador de WikiLeaks.

Ecuador argumenta que las medidas fueron adoptadas “ante el incumplimiento por parte de Assange del compromiso escrito que asumió con el Gobierno (…) por el que se obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados».

“No cumplió un acuerdo que él mismo firmó de silencio y de no intervención en temas internos de otros Estados, violó el compromiso, por lo que hemos procedido a cortarle el acceso a las comunicaciones”, dijo por su parte la ministra de Exteriores, María Fernanda Espinosa, en un acto público.

Y es que después de sucesivas peticiones por parte de la Cancillería, Assange volvió a manifestarse la última semana sobre dos cuestiones políticas que han colmado el vaso de la paciencia ecuatoriana. El primero de ellos fue la comparación que hizo de la detención del dirigente independentista catalán Carles Puigdemont, el pasado domingo en Alemania, con la de Lluís Companys por la Gestapo en 1940, para su posterior extradición a España y fusilamiento por el régimen franquista.

Esta misma semana, el activista también criticó por Twitter la decisión del Gobierno británico de expulsar a diplomáticos de Moscú en respuesta al envenenamiento del doble espía ruso Serguéi Skripal. “A pesar de que es razonable que Theresa May (primera ministra británica) piense que el Estado ruso es el primer sospechoso, hasta ahora las pruebas son circunstanciales”, sostuvo el activista sobre ese crimen, cometido en suelo británico.

En ese sentido, el Gobierno de Ecuador advierte que “el comportamiento de Assange, con sus mensajes a través de las redes sociales, pone en riesgo las buenas relaciones que el país mantiene con Reino Unido, con el resto de los Estados de la Unión Europea y otras naciones».

“Por todo ello, para prevenir potenciales perjuicios, la embajada en Londres interrumpió este 27 de marzo las comunicaciones al exterior a las que tiene acceso Assange”, concluye la nota oficial. El activistas australiano permanece bajo régimen de asilo en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, al considerar el entonces Gobierno de Rafael Correa que su vida e integridad física corrían peligro.

El presidente Moreno, que entró en funciones en mayo de 2017, calificó recientemente el caso como “una piedra en el zapato” de la diplomacia ecuatoriana, pero ratificó que aun así se le seguiría concediendo refugio en tanto la amenaza no se disipara. Como ejemplo de ese peligro, Ecuador ha apelado a los llamamientos por parte del fiscal general de EE.UU. de llevarlo a juicio por delitos que podrían ser castigados con la pena de muerte.

A finales de 2017, en un intento de resolver el problema, la Cancillería de Ecuador le concedió a Assange la nacionalidad ecuatoriana y pidió para él un estatus diplomático, lo que hubiera facilitado su salida de la embajada sin ser detenido. Sin embargo, Reino Unido se negó a garantizar el libre paso por su territorio y aseguró que si salía de la legación lo detendría igualmente.

Espinosa reiteró hoy que se sigue buscando una salida a este problema “heredado” del anterior Gobierno, y que habrá próximamente una reunión en Londres con los abogados de Assange para estudiar “alternativas». “Seguimos dialogando con Reino Unido para encontrar una solución”, insistió.