Compras y Contrataciones Públicas prohíbe proveer o adquirir productos, bienes o servicios sin contrato certificado por la Contraloría General de la República; aunque los dispositivos se encuentran “en línea” están localizados fuera del territorio nacional.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que no puede pagar el proceso de compra “Adquisición de una serie de administración, supervisión y servicios, para dispositivos tecnológicos”, realizado a principios del año pasado, debido a que no hay un contrato certificado emitido por la Contraloría General de la República.

Nelson Castillo, consultor jurídico del MINERD explicó que a raíz de denuncias por parte del Consorcio BCG Educación, empresa adjudicada en la contratación de referencia MINERD-CCC-LPN-2022-0002, que ese contrato no está registrado en la Contraloría.

En ese sentido, subrayó que, durante trabajos de acompañamiento a la Dirección General de Tecnología del MINERD, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC) encontró que la implementación de los dispositivos con este sistema contratado no está completa.

Dijo que la OGTIC determinó que en el tablero de mandos del sistema hay unos 96,190 equipos registrados, que fueron cargados masivamente por el suplidor y en base a un listado entregado por el MINERD. Sin embargo, los dispositivos, aunque se encuentran registrados en el sistema tienen más de un año sin conexión ya que está pendiente una configuración de aperturas de puertos en los servidores donde se encuentran alojados.

Asimismo, señaló que la OGTIC evidenció que durante la revisión de determinó que los dispositivos que se encuentran en estado “en línea” al ver su localización estos se encuentran fuera del territorio nacional, a pesar de que el MINERD aprovisionó los servidores solicitados para el despliegue.

“Igualmente, encontró que el código fuente del aplicativo no ha sido entregado, debido a que el suplidor no ha terminado los procesos de implementación, pruebas y entretenimientos ni pase a producción”, apuntó.

Proceso de contratación

El MINERD explicó que, en enero del año pasado, fue presentado el proceso, se aprobó el Pliego de Condiciones Específicas y fue publicado en los diarios de circulación nacional, como establece la Ley 340-06 de Compras Públicas.

Sin embargo, informó que el proceso contó con un Certificado de Apropiación Presupuestaria por un valor de RD$198,549,981.00, sin embargo, contrario a las disposiciones establecidas del decreto 15-17 de Control de Gasto y Pago a Proveedores, el monto referencial establecido para la contratación fue por un valor de RD$595,000,000.00, contenido en la apertura de Ofertas Económicas del Sobre B del Consorcio BCG acto. No. 17-2022, resultando superior al de dicho certificado de disponibilidad de fondos.

El MINERD explicó que el contrato fue adjudicado el 31 de marzo del 2022 y el contrato fue suscrito el 8 de abril. Sin embargo, el 12 de julio de ese mismo año, fue solicitada la certificación del contrato, No. 0264, ante la Contraloría General de la República, el cual a la fecha no ha sido certificado, en atención a que se requiere una nota aclaratoria sobre el preventivo y flujo de pago, requerida por al Ministerio de Educación.

El MINERD aclaró que, aunque la empresa adjudicada requirió ante acto de alguacil No. 3022-22, de noviembre del 2022, el pago de servicios suministrados, la normativa establece que las instituciones contratantes no deben requerir a los proveedores entrega de bienes, servicios u obras adjudicadas de forma previa a tener un contrato formalizado y registro ante la Contraloría General de la República.

Igualmente, Educación resaltó que la normativa de contrataciones estatales indica que antes de realizar la entrega de bienes, servicios u obras, el proveedor debe cerciorarse de formalizar la adquisición de un contrato u orden de compra validado por Contraloría, y que está establecido en el Pliego de Condiciones utilizado para la contratación del referido proceso.

El MINERD, tras estos hallazgos considera solicitar a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República una auditoria al proceso. Además, solicitar una opinión técnica a la DGCP sobre este proceso, a fin de salvaguardar el cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones gubernamentales.