Roma. En la católica Italia, el aborto es un derecho desde hace 40 años pero su aplicación aún es complicada en muchas regiones ya que más del 70 % de ginecólogos del país se declaran objetores de conciencia.

Ante esta situación y el temor de que el actual Gobierno del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga haga “retroceder los derechos de las mujeres”, un grupo de ginecólogas feministas han pedido a la ministra de Sanidad, Giulia Grillo (M5S), que “aplique la Ley 194”, que regula el aborto en Italia.

La petición, impulsada esta semana en Change.org y que ya suma más de 100.000 firmas, tiene “aún más sentido” después de que esta semana saliera a la luz que un médico de Nápoles se negó en julio a intervenir a una mujer en riesgo de muerte por un aborto espontáneo, un asunto que se zanjó con el despido del ginecólogo.

Desde 1978, la llamada Ley 194 permite a las mujeres abortar gratuitamente sin restricciones los primeros 90 días de embarazo y solo en caso de peligro para la madre o malformaciones del feto tras ese periodo.

Sin embargo, la legislación también ampara el derecho a la objeción de conciencia de los médicos o del personal sanitario que, por lo tanto, no están obligados a practicar abortos si no quieren.

Este es, precisamente, el principal escollo para garantizar el derecho al aborto- si en 2005 los ginecólogos objetores representaban el 58,7 % en toda Italia, según datos del Ministerio de Salud, en 2016 ya eran el 70,9 %, aunque en regiones como Basilicata (sur) el porcentaje alcanza el 88,1 %.

«¿Cómo se puede garantizar así el derecho al aborto? La solución es simplemente aplicar la ley”, comentó a Efe la ginecóloga Silvana Agatone, una de las promotoras de la petición y presidenta de la Libre Asociación Italiana de Ginecólogos por la Aplicación de la Ley 194/78 (Laiga).

Asegura que “lo único que hay que hacer es aplicar completamente la ley, que dice que los hospitales deben ofrecer el aborto” y cree que la solución pasa por “establecer la presencia obligatoria de ginecólogos no objetores las 24 horas del día” y por “sancionar a los centros que no aseguren la plena asistencia».