El 2019 fue un año muy convulso, ciudadanos se levantaron en protesta popular, demandando cambios políticos desde Asia, hasta Europa y América Latina no fue la excepción. En Bolivia, Chile, Haití, Nicaragua y Venezuela miles de personas empezaron a protestar descontentos con el sistema. No está claro, si estos movimientos de protesta aminoraran una vez iniciado el próximo año 2020. Las causas, métodos y objetivos de estas protestas son distintos, pero los une la lucha por la libertad política, contra la desigualdad y la corrupción.

América Latina está catalogada como una de las regiones más desiguales del planeta, un aumento espectacular de la pobreza causada, en gran parte, por el fin del despegue económico vivido en las últimas décadas y por la debilidad institucional que incluye también a los partidos políticos que ya no son capaces de canalizar los reclamos o demandas de la sociedad. Lo que se presenta con matices distintos, que tiene que ver con las características particulares de cada país.

Las expectativas se han convertido en frustraciones pues los ciudadanos han esperado por años una mejoría que no acaba de llegar. De ahí que la combinación de realidad y percepción ha sido el catalizador para el estallido de las protestas que hemos visto este 2019, que alcanzan a gobiernos ubicados en posiciones distintas del espectro político.

Haití, país más pobre del hemisferio occidental y vecino nuestro, fue el primero en la región donde los disturbios dieron paso a una violencia que no ha parado, acumulando decenas de víctimas. Los manifestantes reclaman el fin de la corrupción y el acceso a servicios esenciales. El país vive una tregua motivada en el fin de año, sin embargo, se espera que las protestas regresen a las calles en enero próximo.

Chile, hasta ahora, uno de los países latinoamericano más ricos, estables, pacíficos y con algunos de los mejores indicadores socioeconómicos en la región, observó dos meses de protestas que podrían continuar. La frustración por el alto costo de la vida alimentó la ira de miles de ciudadanos que se levantaron en protesta por el aumento del pasaje del metro, dando como resultado 26 muertos y poco más de 1500 heridos, acorde al Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Lo cierto es que Chile llega al 2020 con más incertidumbres que certezas y las causas están en el estallido social que empezó con las protestas del pasado 18 de octubre contra el gobierno de Sebastián Piñera, el modelo económico y la Constitución vigente. Las protestas, si bien han disminuido, aún persisten, igual la presión política sobre el gobierno, cuya aprobación ha caído a diez puntos porcentuales de acuerdo a distintas encuestas. Se teme un recrudecimiento de las protestas para marzo próximo, fin de las vacaciones estivales y a pocas semanas del plebiscito que se celebrará a final de abril que podría abrir las puertas a una nueva Constitución y una nueva etapa en la vida política del país.

Bolivia, vive un frágil proceso de transición en la búsqueda de pacificar el país, tras la renuncia a la presidencia y salida al exilio de Evo Morales. La población pone sus esperanzas en las nuevas elecciones, pero le teme a un nuevo brote de violencia. La fiscalía ha emitido una orden de captura contra el expresidente Morales por sedición y terrorismo y se hacen transmites para su extradición desde Argentina, lo que para los partidarios del expresidente es entendido como persecución política.

El mandato de Jeanine Añez Chávez, presidenta interina de Bolivia concluye el 22 de enero del 2020. Sin embargo, las elecciones nacionales están anunciadas para el mes de marzo. De manera que esto obligaría a una extensión del mandato de la presidenta Añez Chávez. Lo que forzaría a los partidos políticos a reajustar sus estructuras y el movimiento del expresidente Morales tendrá que ser capaz de reinventarse. En Bolivia se disputarán además de la presidencia, numerosos intereses económicos.

En Venezuela, pese al descontento de gran parte de la población, se mantiene una tensa calma. Para algunos la estrategia seguida por la oposición a lo largo de todo el 2019 ha sido errática. El líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó ha anunciado que buscará la reelección el 5 de enero de 2020. Un año después de que invocara la Constitución para proclamarse “presidente interino” de Venezuela con el argumento de que Nicolás Maduro llegó al poder tras unos comicios fraudulentos.

Venezuela vive en paralelo, duras realidades, una oposición desconectada de la ciudadanía y un gobierno antidemocrático y cada vez más apartado de la Constitución.

En Nicaragua, la última ola de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega ya acumula ocho meses y no se avizora calma alguna en la crisis. Las manifestaciones iniciaron tras el gobierno aprobar una reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, cuando la ley fue desechada por el gobierno, las protestas continuaron con una nueva exigencia: la renuncia de Ortega. Las protestas se han saldado con 325 muertos, cientos de heridos y detenidos de acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Luego de recorrer los principales focos de crisis en América Latina, se observa que, a pesar de las transformaciones realizadas en la región, algunas dimensiones de estas se contraponen. Transformaciones anti-elites, perspectivas inclusivas, pero también una profunda dependencia de los recursos naturales. El Estado caminó hacia la institucionalidad y ganó poder de regulación, pero el sistema impositivo prácticamente no fue tocado, permaneciendo diversas formas de fragilidad laboral y social, también ambivalencias en el terreno de la democracia.

Las reformas tributarias redistributivas deberían aliviar a quienes menos ganan y gravar los ingresos y patrimonios más elevados. Entonces, lo importante es crear legitimidad impositiva, reduciendo el rechazo de importantes sectores de la sociedad (incluyendo al sector trabajador) al pago de impuestos.

El Estado es visto, ni siquiera por codicia, sino a modo racional, como botín y no como administrador de asuntos públicos. Lo protervo de esta cultura política es que no se cuestiona públicamente, pero es compartida y vivida por actores que son importantes portadores de reformas. América Latina solo tendrá la posibilidad de lograr estabilidad económica y la viabilidad social y ecológica si esto se enfrenta de manera intensa.

La política progresista puede trazar el camino a seguir, ya sea, a través de bienes públicos de alta calidad que conviertan lo propio en lo colectivo y en un valor cultural. Donde los espacios públicos ofrezcan seguridad, las clases medias y bajas percibirán una sensible mejora de su calidad de vida. Debe mostrarse que este buen vivir, puede lograrse no con represión, sino mediante movilidad y cohesión social. De proceder así, entonces es fácil justificar el siguiente paso para mayor seguridad a través de la reducción de las desigualdades sociales.

Economistas de renombre como Thomas Piketty y también, instituciones ajenas a las izquierdas como el Fondo Monetario Internacional (FMI) dicen que, las desigualdades sociales extremas erosionan el estándar de vida occidental. En otras palabras: la desigualdad social había sido hasta ahora irrelevante, y más bien un problema ético, pero en la actualidad se está convirtiendo en un polvorín. El principal desafío es entonces, afrontar las reformas estructurales hasta ahora aplazadas y reducir lentamente la desigualdad social. 5 siglos después, ha llegado la hora de que América Latina tome conciencia de sí misma y se redefina una nueva vez.