En cualquier rincón se escuchaba la consigna. Los profetas mediáticos del Cambio, alucinados, repetían eufóricos el mantra. Crearon mensajes para reproducirlos en los medios de comunicación. La exhortación competía con la publicidad comercial. La propuesta ocupaba el espacio. La frivolidad fue protagónica, analizaba el tema con agresividad. Estaba decidida a destruir al adversario sin más argumentos que el pautado en el guion y precisaba agredir. La mano diestra, siniestra para algunos, si de evocar a Goebbels se trata, acotejó la demanda al grupo que podía conseguir prestancia asumiéndola. Era tarea vieja con protagonistas sorprendentes que ayudaban a realizarla.

No hubo fiesta, velorio, cumpleaños, inauguración, graduación sin que la urgencia de un nuevo código penal aflorara. Fueron tomadas las calles, las plazas, con los carteles en procura de las tres causales para permitir el aborto. Todo sucedió antes del 16 de agosto del 2020. Después del triunfo, el “Campamento por las tres casuales” sirvió de pivote al Cambio, hoy queda como episodio, desmontado por decretos y concesiones.

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La jornada sirvió para el espejismo, la progresía agónica quedó cautiva del discurso conservador con guiños excelentes para incautos y oportunistas. Desconocían o simulaban ignorar que: “No es cierto que la ley sea expresión de la voluntad general, tampoco puede decirse que lo sea de la voluntad popular. La ley es solo la expresión de la voluntad de la mayoría gobernante, lo que equivale a decir de unas muy pocas personas con nombre y apellidos que se encuentran con el pueblo una vez cada cuatro años. Una voluntad voluble y tornadiza como la propia mayoría de la que procede, especialmente cuando esa mayoría es resultado de la suma obligada de peras con manzanas”- Tomás Ramón Fernández “El Derecho y El Revés”-.

A ninguno de los portavoces de la reforma se les ocurrió ir más allá de las tres causales para vislumbrar un nuevo código plagado de imperfecciones y desmesuras. Para asombro de conocedores el coro repetía que el Código Penal es una antigualla napoleónica, como si el texto jamás se hubiera modificado o enriquecido con leyes especiales, sin negar la necesidad de incluir tipos penales para adecuar la normativa a la contemporaneidad. Transcurrió el tiempo y el proyecto languidece. El incierto destino del código penal a nadie desvela, las plazas no están invadidas, los reclamos desaparecieron. Lo peor ha sido afectar la aplicación del articulado del Código Penal, considerarlo inefectivo sin haber sido derogado. Su descrédito fomenta la impunidad, la percepción de limbo jurídico debido a la confusión de normas y derechos. Quizás ese es el motivo para que el derecho a expresar ideas, opiniones, se convierta en derecho al insulto y el prestigio de las personas se arruine en los mentideros y en el albañal de las redes sociales y los agraviados no reaccionen. Quizás crean que, gracias al percance con el proyecto, la difamación y la injuria están permitidas y también esté en receso la ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Vale recordar que el vilipendiado Código Penal existe, la campaña electoral valida su permanencia.