Washington.- Los líderes del Congreso de EE.UU. terminaron hoy de conformar el bipartidista Grupo de Trabajo para Puerto Rico, que dará recomendaciones sobre qué pasos tomar para crear condiciones para el crecimiento económico en la isla.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara alta, Mitch McConnell, nombró hoy a Marco Rubio (Florida) y Orrin Hatch (Utha) como los dos senadores conservadores que formarán parte de ese equipo, autorizado como parte de la ley conocida como “Promesa”, por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

“La crisis de la deuda de Puerto Rico es muy grave y está claro que no sólo tendrán que recortar para salir de ese caos, van a tener que crecer para salir de ello”, dijo Rubio en un comunicado. “El Congreso tiene la responsabilidad de crear las condiciones que estimulen la creación de empleo, la reducción de la pobreza e impulsar la inversión en la isla”, agregó Rubio.

Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, nombró este jueves a la congresista por Nueva York Nydia Velázquez y al comisionado de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, para formar parte del grupo. Asimismo, el líder de la minoría demócrata en la Cámara alta, Harry Reid, nombró al senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y al senador por Florida Bill Nelson. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, eligió al congresista por Nueva Jersey Tom MacArthur y al representante por Wisconsin Sean Duffy.

“Promesa es simplemente una buena legislación bipartisita y estoy orgulloso de que ahora sea una ley. Coloca a Puerto Rico en el camino de la salud fiscal y lo hace sin caer en el rescate por parte de los contribuyentes”, afirmó Ryan en un comunicado al hacer pública su decisión.

Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.