“No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo”. La doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Etica e Integridad Gubernamental, no dijo mucho pero lo que dijo fue suficiente para que los periodistas que la cuestionaron sobre el sabotaje a la red semafórica que provocó el caos en las calles del Distrito Nacional la pasada semana entendieran su rechazo a lo que ha sucedido alrededor de ese contrato, cuyo verdadero beneficiario todavía se desconoce.

Mientras tanto seguimos sin saber porqué seguía vigente si fue suspendido el 30 de octubre de 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que dijo haber detectado “indicios de irregularidades en el proceso de licitación”, razón por la cual lo remitió a la Procuraduría General de la República. Esa es una pregunta que alguien en el gobierno debería responder antes de que pasemos al siguiente escándalo, como alguien debería explicar también cómo fue que llegamos a entregarle a una empresa privada el control de la seguridad vial en la Capital.

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Y si nos descuidamos tampoco aparecerá quien nos diga porqué fue necesario colocar militares con armas largas en cinco puntos claves del sistema de semáforos para evitar que la empresa Transcore Latam retome el control de seis nodos de fibra óptica desde su centro de operaciones, y vuelva a repetir el “apagón” que trastornó el tránsito vehicular en el Distrito Nacional durante tres días de pesadilla.

Debe haber una forma más sencilla y menos aparatosa de que el Estado haga valer su autoridad para tratar con esa empresa, que por lo que se ve es mas poderosa de lo que parece a simple vista. Es por eso que empiezo a dudar que haya consecuencias legales para los responsables, como se ha reclamado, de lo que pasó con la red semafórica. Que en cualquier parte del mundo, menos aquí, en Macondo parte atrás, habría sido tratado como algo muy grave con inmediatas y severas consecuencias para sus perpetradores sean quienes sean.