El presidente Danilo Medina rindió cuentas de sus casi 8 años de mandatos, el pasado 27 de febrero, a pesar de que la Constitución manda reseñar solo lo acontecido en el último año. En el caso de la rendición de cuentas sobre vivienda, es comprensible.

Comprensible porque rendir cuentas se supone que implica hablar de los logros pero también de los fallos. Sin embargo en el caso de las cuentas del derecho a la vivienda y el estado de su satisfacción en el 2019, hubiera sido leer un rosario de fracasos.

El presidente continúa mencionando proyectos del pasado como si todavía tuvieran vigencia. Bebió de La Barquita en cada rendición de cuentas, durante los casi cuatro años de su gestión pasada. Bebió y sigue bebiendo de la construcción de Ciudad Juan Bosch, dando por cierto un plan en el que parece haberse materializado todos los riesgos que lo harían improbable.

Continúa en su rendición de cuentas queriendo sembrar agradecimientos sobre las personas beneficiarias de esos proyectos que son ya TBT cuando dice “proyectos habitacionales… entregados gratuitamente”. Como si no se tratara de la satisfacción de un derecho al que se comprometió el país de muchas formas y como si ese gasto no se hiciera con los impuestos de todos y todas.

Miente el presidente cuando dice que esos proyectos tienen todos los servicios, como si él no supiera el calor y el polvo que brotan de las llaves de Boca de Cachón.

Miente el presidente cuando equipara los desalojos en Domingo Savio con los proyectos que mudaron a las familias de casa para casa. Como si él no supiera el nuevo latigazo que se les está dando a las familias de Los Guandules y La Ciénaga con una nueva expulsión que atenta contra sus derechos.

No puede hacer otra cosa más que contar la poca eficiencia del INVI en la suma de ocho años, porque sería pírrico decir que “acercó el derecho a la vivienda” a 185 familias por año. Porque no puede decir nada más que impactó “miles de familias” dentro de ese mar de 1 millón y medio de viviendas con déficit habitacional.

Confirma en su discurso que su apuesta fue incentivar el sector privado, ofertando el logro de una dinamización que poco o nada ha impactado el déficit habitacional que afecta sobre todo a esa nueva “clase media”, cuya “salida” de la pobreza no le alcanza para comprar esas viviendas “asequibles” que ha prometido durante estos años la Ley de Fideicomiso. Anunciar la “madurez” de Ciudad Juan Bosch cuando el presidente anuncia que “se han vendido cerca de 10,000 viviendas”, resulta contradictorio frente a la promesa hecha en 2013 que aseguraba 35 mil viviendas en 7 años, es decir, asumiendo que esas 10 mil viviendas estuvieran completamente terminadas, apenas tendríamos un 28% cumplido en 7 años.

La realidad del sector vivienda es otra y no tan dulce:

En Ciudad Juan Bosch hay 10 mil viviendas vendidas, pero no habitadas. Apenas unas 3 mil están terminadas.
En 2016 se anunció el cuatrienio del agua que parece haberse evaporado.
El 2018, ante lo escandaloso que le resultó a la comunidad internacional el dato de que un 70% de la población en RD vivía con déficit habitacional, el gobierno decidió tomar el toro por los cuernos: cambió la metodología.
El proyecto del Riito en La Vega se inundó en plena construcción y se decidió seguir el curso porque había sido un “problema técnico”. ¿Suena familiar?
Algún fenómeno transformó la misión del INVI de formulación de proyectos de vivienda a distribuidora de electrodomésticos.
El huracán María destruyó viviendas en Samaná que habían sido construidas por el INVI luego del huracán Irma.
Y la muestra más contundente de la ausencia de compromiso con esta sectorial es el paso del presupuesto en vivienda del pírrico 0.06% del PIB en 2013 al aún más pírrico 0.03% del PIB para el 2020.
A sabiendas de que seré catalogada de “incrédula”, tal y como en el pasado lo fui de “pesimistas”, dejo estas notas con todo el ánimo de que podamos tomar en cuenta que del verso apasionado a la satisfacción real de un derecho, hay un largo trecho que debe estar conformado por una política pública y una provisión presupuestaria suficiente y sistemática, y ambos elementos han estado ausentes.

Nos deja así el presidente Medina un sector de la vivienda que ha dinamizado a constructores y al sector financiero, que ha producido puestos de trabajo precarios, que está aumentando la cantidad de viviendas desocupadas en el país y que por sus problemas de asequibilidad están siendo ofertadas a la diáspora dominicana. Con el ritmo que nos deja, el dictamen se cumplirá: familias sin viviendas y viviendas sin familias.

El derecho a la vivienda queda entonces atrapado y sin salida (tras la nefasta herencia del gobierno que Balaguer “soñó desde niño”), cosechando los malos frutos del “Nueva York chiquito» de Leonel, y perplejo ante el «milagro dominicano» de Danilo que no llega siquiera a espejismo. Retumba la voz de Jorge Cela diciendo que estos gobiernos para los más pobres no son otra cosa que: más de lo mismo.