Ante la negación sistemática del derecho de las mujeres a la vida

Permitir el aborto en casos de riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación (o incesto) no obliga a ninguna mujer a abortar, pero le proporciona la opción de elegir en situaciones extremas. La prohibición total del aborto, por el contrario, niega esta posibilidad, imponiendo una presión desmesurada sobre las mujeres y sus familias: Prisión o muerte.

No se trata de promover el aborto indiscriminado, sino de reconocer y respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en circunstancias muy específicas y extremas.

Cuando el Estado prohíbe el aborto en todas sus formas, se convierte en responsable directo de cada una de las muertes evitables de mujeres, como las tantas que lamentablemente han ocurrido (y siguen ocurriendo) en nuestro país. En situaciones donde el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, la negativa a permitir la interrupción del embarazo equivale a una sentencia de muerte. El Estado, en lugar de proteger la vida, opta por sacrificarla conjuntamente con el embrión o feto que la mujer alberga.

Al equiparar a las mujeres con incubadoras y receptáculos, el Estado deshumaniza y despoja a las mujeres de su dignidad y derechos fundamentales. En casos de embarazo de alto riesgo, la insistencia del Estado en mantener a la mujer en esa condición, incluso cuando su vida está claramente en peligro, muestra una preocupante falta de consideración por su bienestar y su derecho inalienable a la vida. Esta postura no solo es cruel, sino que también contradice directamente los principios fundamentales de los derechos humanos y la justicia. Es como si el Estado ignorara completamente que las mujeres somos seres humanos con derechos propios y dignidad.

¿Cómo podemos esperar la creación e implementación efectiva de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres cuando el propio Estado perpetúa una forma excesiva de violencia estructural? La negación del derecho al aborto en casos extremos es una forma de violencia que coloca a las mujeres en situaciones de riesgo mortal. No puede hablarse de una auténtica preocupación por la seguridad y bienestar de las mujeres cuando el Estado las obliga a enfrentar embarazos que ponen en peligro sus vidas.

La protección del derecho a la vida y la dignidad de las mujeres debe ser una prioridad para cualquier Estado que se precie de defender los derechos humanos. La negación del aborto en casos de riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad del feto o en caso de violación o incesto, es una transgresión a estos derechos fundamentales. Las políticas deben centrarse en proteger y salvar vidas, no en imponer sacrificios innecesarios y crueles.

La prohibición total del aborto convierte al Estado en el asesino de todas las mujeres, adolescentes y niñas que han muerto en nuestro país por habérseles negado la posibilidad de poner término a un embarazo bajo el alegato de “cuidar la vida”, yo pregunto: ¿Cuál vida?, si al final las familias han tenido que despedirse para siempre de una esposa, madre, hermana, hija, tía, y el Estado feminicida, pierde entes productivos y contribuyentes en el pago de sus anhelados impuestos.

Siento necesario reiterar el postulado inicial: permitir la interrupción del embarazo en tres condiciones específicas no obliga a ninguna mujer a elegir la terminación, pero le proporciona una opción vital en situaciones extremas. Es crucial que el Estado reconozca y respete el derecho de las mujeres a la vida y la dignidad, implementando políticas que realmente protejan y promuevan su bienestar y seguridad. No hacerlo confirmaría su vocación feminicida.

Confiamos en que desde el Estado se valorará la responsabilidad de proteger la vida de todas las mujeres dominicanas. Solo así podremos realmente avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde se respeten y defiendan los derechos humanos de todas las personas.