Este tema es de mucha tela por cortar. No me refiero solo al destape de las estafas inmobiliarias, que han sido objeto de la atención del Ministerio Público, después de cobrar relevancia de escándalo, ampliamente difundido por los medios de comunicación.

El engaño y la estafa de que han sido victima miles de ciudadanos que soñaron con una vivienda para su retiro o para albergar a sus familias, no es igual a la figura jurídica del fraude inmobiliario que consagra la ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario.

Son dos cosas diferentes aun cuando ambos, la estafa y el fraude en (cualquier ámbito), son actos delincuenciales perseguibles y sancionables penalmente. Los dos son actos antisociales que atentan contra las leyes, la sociedad y el ordenamiento jurídico que procura proteger los derechos legítimamente adquiridos.

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En cuanto al fraude inmobiliario es preciso establecer que existen diferentes vías y formas empleadas por los delincuentes de “cuello blanco’’, algunos con GPS y receptor satelital RTK, otros con togas manchadas que actúan junto a blanqueadores de dinero vinculados a carteles mafiosos con fachadas de negocios honorables, capaces de engañar e involucrar a gente seria, de apellidos sonoros.

Esos delincuentes inmobiliarios operan en los ámbitos rurales y urbanos, despojando de sus prioridades a sus detentadores reales mediante la simulación o falsificación de actos de ventas con personas físicas o jurídicas que tienen derechos registrados sobre terrenos, ocupados por personas con sus viviendas o negocios en ellos por decenas de años, como son las familias residentes en los Ensanches Espaillat y Luperón que en la ‘’Era de Trujillo’’ adquirieron viviendas a través de Savica, estando esos terrenos registrados y titulados a nombre de particulares, como es el caso de los múltiples herederos de Juan Bautista Vicini, el patriarca de esa influyente familia.

Como se sabe, esos poseedores, con pocas excepciones, no han regularizado sus derechos, mediante compra a los que históricamente (desde cuando Lilís y la primera ocupación militar norteamericana del 1916) los tenían registrados a sus nombres, por ser acreedores del Estado y otras maniobras de apropiación (la ocupación y la operación catastral del saneamiento) en los tiempos de ‘’Concho Primo’’.

En estos nuevos tiempos, en los que los bienes inmuebles adquieren valor astronómico, cada vez más, como sucede en el Distrito Nacional, Higüey, Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Samaná, Pedernales y otras zonas en desarrollo, los delincuentes inmobiliarios están desacatados y a toda máquina.

En la capital, todas las zonas están en la mira de los delincuentes, como son el Ensanche Luperón, Villa María, Villa Consuelo y María Auxiliadora, entre otros por ser propiedades no deslindadas y carente de títulos en una gran proporción.

En próximas entregas continuaré.