Por Kelvin Jiménez

Ser ministro de Interior en el ámbito latinoamericano es un funcionario público con mucho poder de decisión en materia de acciones y ejecutorias en seguridad y política criminal. En cambio, en nuestro país, desde hace décadas es una especie de cenicienta gubernamental.

La discrecionalidad y poder político que asumieron los militares en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y en los gobiernos de Joaquín Balaguer, bajo la sombrilla de la Guerra Fría, trajo como consecuencia un deterioro de la función institucional del Ministerio de Interior y Policía.

Con la llegada del nuevo gobierno es notorio el liderazgo asumido por el ministro Jesús Vásquez (Chú), su personalidad y temple le ha permitido tutelar y promover el proceso de transformación policial. Su imagen bien valorada, su relación con la ciudadanía y, sobre todo, la identificación de oficiales jóvenes de la Policía Nacional con el ministro, son las vías para tener un cuerpo del orden moderno y una política criminal bajo su coordinación.

En esta nueva etapa el ministro tiene tres grandes retos; el primero es organizar la casa y robustecer la función del ministerio, para ello es necesario dotarlo de un marco legal que le permita asumir toda la parte investigativa y persecución de los delitos con la creación de nuevas agencias con carácter civil, policial y militar.

Es un imperativo definir una política criminal y coordinar el subsistema de inteligencia delictiva en conexión con la procuraduría general. Dicha acción es fundamental, ya que, por un lado, contribuye con la descentralización de la Policía y por el otro permite la entrada de una serie de jóvenes profesionales a trabajar en materia de seguridad.

Un buen ejemplo latinoamericano es la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad que tiene un perfil profesional, técnico y científico, y su personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto.

En su marco misional está la prevención del delito y acompañar al ministerio público en la fase investigativa. El personal civil entrenado recibe el nombre de detective; para el año 2003 el presidente Ricardo Lagos Escobar nombró como director general a Arturo Herrera Verdugo, quien se convierte en el tercer detective de carrera en ocupar ese cargo.

Un paso trascendental fue la modificación de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el 30 de diciembre de 2004, estableciendo que quien ocupe el cargo de Director General de la Policía Civil deberá ser un detective de carrera con el grado de prefecto inspector o prefecto general, elegido entre las primeras ocho promociones.

En el contexto local recordemos la ley 50-88 que crea la Dirección Nacional de Control de Drogas y que asume la función del departamento de narcóticos de la policía. En su artículo 13 párrafo 2 crea la Academia de Control de Drogas donde oficiales y personal civil reciben de forma continua entrenamiento y capacitación especializada y cada año se gradúan promociones de jóvenes que se convierten en agentes de la institución y donde pueden escalar y hacer carrera administrativa.

El segundo reto es el fortalecimiento de la Policía Municipal, en ese sentido, creemos oportuno crear la Escuela Nacional de Policías Municipales, con la finalidad de formar un cuerpo profesional que contribuya a la seguridad de los municipios. Existe un acuerdo con la alcaldía del Distrito Nacional, pero dicha iniciativa debe tener una dimensión mayor.

La experiencia de Costa Rica con la Academia Nacional de Policía como una dirección general del Ministerio de Seguridad Pública debe ser analizada, a fin de proyectar el impacto y contribución en la formación, capacitación y adiestramiento de los policías municipales.

El tercer punto es el Sistema Nacional de Emergencia que debe ser asumido por el Ministerio de Interior, de igual forma el Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro para contar con un verdadero sistema integrado de vigilancia y seguridad ciudadana.

En lo que respecta al Sistema 911, tiene que ser constituido por los mejores policías previa evaluación y perfil definido, entrenados con nuevos protocolos de actuación, manual de uso de la fuerza, resolución de conflictos y que, a su vez, respondan a la nueva imagen policial.