Libertad de prensa
La SIP exige respeto al debido proceso en juicios contra periodistas en México
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH informó que está monitoreando ambos procesos y llamó a las autoridades mexicanas a garantizar las garantías judiciales y el respeto al debido proceso.
La Relatoría Especial
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación por la escalada de acciones judiciales en México contra periodistas, que podrían constituir una forma de intimidación y criminalización del ejercicio informativo, poniendo en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada.
En días recientes, el periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso en Puebla por presunto manejo de recursos ilícitos, en un caso marcado por señalamientos de irregularidades judiciales. Asimismo, en Veracruz, el periodista Rafael León Segovia fue imputado por encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, tras hechos relacionados con su cobertura periodística. Aunque inicialmente se mencionó el delito de terrorismo, la fiscal general Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre aclaró que no fue incluido, imponiendo como medida cautelar un año de resguardo domiciliario.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH informó que está monitoreando ambos procesos y llamó a las autoridades mexicanas a garantizar las garantías judiciales y el respeto al debido proceso.
Voces de alerta
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que “la libertad de prensa es un pilar de las sociedades democráticas y ninguna acusación judicial puede convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas o incómodas”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, exhortó a las autoridades a garantizar juicios transparentes y justos, respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa plena.
Informe sobre México
En su más reciente informe, la SIP alertó sobre el uso de instrumentos judiciales como mecanismo de censura, señalando que gobernadores y funcionarios han recurrido a figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Los casos más notorios se registraron en Campeche y Sonora, aunque también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
La SIP, con sede en Miami y conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental, reiteró que seguirá vigilando la situación en México y defendiendo la libertad de prensa en las Américas.