Amnistía Internacional: Código Penal dominicano «ignora derechos fundamentales”

El presidente Luis Abinader promulgó el pasado 3 de agosto el nuevo Código Penal de la República Dominicana, tras años de intentos por reformar una legislación criminal vigente desde el siglo XIX. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y figuras públicas han denunciado que el nuevo texto legal ignora demandas fundamentales de la sociedad civil, especialmente en materia de derechos de las mujeres y niñas.

Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, criticó duramente la reforma:

“El presidente Abinader consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género. La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas”.

Criminalización total del aborto

La República Dominicana mantiene una de las tasas más altas de mortalidad materna en la región, y se estima que al menos el 10% de estas muertes están relacionadas con abortos inseguros. A pesar de esta realidad, el nuevo Código Penal conserva la penalización total del aborto, incluso en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la gestante.

Otras omisiones graves

Organizaciones locales también denunciaron otras falencias del Código, como:

Prescripción de la acción penal en casos de violencia sexual contra mujeres adultas

Tipificación regresiva de la violencia sexual en el contexto de pareja

Tolerancia al castigo físico contra niñas y niños

Omisión de sanciones por discriminación basada en orientación sexual e identidad de género

Johanna Cilano Pelaez, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional, señaló:

“Estas omisiones reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres”.

Llamado urgente

Amnistía Internacional instó al Congreso Nacional a enmendar el Código antes de su entrada en vigor en 2026, para garantizar que los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de las personas LGBTIQ+ sean pilares fundamentales de la legislación penal.