La educación dominicana en estado permanente de reforma

Desde la llegada del denominado “Cambio”, el sector educativo dominicano ha sido objeto de una intensa actividad de reformas impulsadas por las autoridades de turno y por la propia presidencia de la república. Se han anunciado modelos educativos, nuevos planes decenales, pactos, reformas curriculares, cambios legislativos e incluso una propuesta de fusión institucional entre el Ministerio de Educación (MinerdRD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Todo ello evidencia la ausencia de una visión clara y estable sobre el rumbo que debe seguir un sector tan estratégico para el desarrollo nacional.

Desde la pandemia, el discurso oficial ha transitado por distintas etapas. Primero, la recuperación del sistema educativo y el denominado Modelo Educación para Vivir Mejor; luego, el Decreto 365-23, que declara de alta prioridad nacional el nivel pre-universitario; posteriormente, la presentación del Plan Horizonte 2034 como hoja de ruta nacional; más tarde, la propuesta de fusión institucional, y, finalmente, el anuncio de una nueva reforma legislativa y curricular integral en la rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026.

El problema no es reformar. Los sistemas educativos necesitan ajustes y mejoras permanentes. El problema es reformar constantemente sin permitir que una política madure lo suficiente como para producir resultados verificables.

Un plan decenal, por definición, debería ofrecer estabilidad estratégica. Cuando un gobierno anuncia una reforma integral apenas un año después de presentar ese plan, transmite un mensaje implícito: el marco anterior no era suficiente. Y si los instrumentos estratégicos se sustituyen con rapidez, la señal hacia el sistema no es de coherencia, sino de improvisación.

Otro factor que incide en la inestabilidad del sector es la constante rotación ministerial. Desde 2021, el MinerdRD ha tenido tres ministros con estilos y prioridades distintas: Roberto Fulcar, enfocado en la continuidad educativa durante la crisis sanitaria y en el Modelo Educación para Vivir Mejor; Ángel Hernández, centrado en el ordenamiento administrativo y en la elaboración de un anteproyecto para sustituir la Ley 66-97; y Luis Miguel De Camps, quien llega con una nueva hoja de ruta y un enfoque renovado de gobernanza.

En el Mescyt, tras una etapa prolongada bajo la dirección de Franklin García Fermín, también se produjo un relevo en medio del debate sobre la fusión institucional.

Cada cambio ministerial implica nuevos equipos, prioridades, indicadores y narrativas. Lo que desde el discurso político puede presentarse como renovación, para el sistema educativo se traduce en reacomodo permanente.

En educación —un sector donde las transformaciones se observan en horizontes de diez años o más— la estabilidad del liderazgo técnico no es un lujo, sino una condición básica para el éxito.

Otro patrón característico de la actual gestión es la participación constante de la Presidencia en las definiciones estratégicas del sector. Las grandes iniciativas han sido anunciadas directamente desde el Poder Ejecutivo: reformas estructurales, metas nacionales y reorganizaciones institucionales.

Esto genera un efecto paradójico: aunque existe continuidad política en la figura presidencial, hay discontinuidad operativa dentro del sector. En la práctica, se produce un ciclo constante de redefinición estratégica sin consolidación institucional.

El resultado es un sistema que vive en estado permanente de reforma.

El 19 de marzo de 2024, una comisión designada por el ministro Ángel Hernández, tras dos años de discusiones, presentó una propuesta de anteproyecto para modificar la Ley General de Educación 66-97. Pocos meses después, el ministro Sigmund Freund presentó una propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública que incluía la fusión entre el MinerdRD y el Mescyt.

El momento elegido refuerza la percepción de improvisación y de que el sector aún busca su modelo definitivo. Cuando una reorganización administrativa de gran escala se plantea mientras coexisten planes decenales, nuevas hojas de ruta ministeriales y una reforma curricular integral, el mensaje que recibe el sistema es confuso.

La política educativa dominicana parece avanzar mediante ciclos sucesivos de “relanzamiento”. Cada etapa se presenta como la gran transformación “histórica”, pero antes de que sus efectos puedan evaluarse emerge una nueva narrativa.

Eso no es innovación; es inestabilidad estratégica.

El Gobierno ha impulsado numerosas estrategias, pero pocas han contado con el tiempo o la estabilidad necesarios para demostrar resultados sostenidos. Tres ministros en el MinerdRD, dos en el Mescyt y reformas sucesivas anunciadas desde la Presidencia han generado la percepción de un sector que avanza por impulsos políticos más que por una visión institucional.

La educación no necesita otra gran reforma anunciada desde un podio. Necesita algo menos espectacular y mucho más exigente: continuidad, coherencia, criterio técnico y paciencia estratégica.