Las leyes no son suficientes

POR GERMAN MARTE
De nada sirve que existan leyes anticorrupción, si no hay voluntad política para perseguir y castigar a los corruptos, y hacer más transparentes las ejecutorias de las instituciones y los funcionarios públicos, advirtió ayer Transparencia Internacional (TI). La organización mundial que lucha contra la corrupción afirmó que los gobiernos latinoamericanos están en el deber de implementar acciones concretas para avanzar en la lucha contra la corrupción en el continente.

Marta Erquicia, coordinadora de Programa para América de Transparencia Internacional, y Ximena Salazar, del Programa Convenciones Anticorrupción, dijeron que la entidad vino al país a participar en la XXXVI Asamblea General de la OEA con el objetivo de promover entre los gobiernos de la región una serie de recomendaciones para asegurar la acción concreta para acabar con la corrupción.

Manifestó que por lo menos en las palabras hay una voluntad de enfrentar el problema y eso se ha evidenciado en la plenaria de la Asamblea, donde los representantes han manifestado su interés en impulsar el tema de la gobernabilidad, rendición de cuentas, acceso a la información.

“Lo que queremos es que pase más allá de un diálogo entre colegas y que realmente se pongan a actuar, a hacer cosas concretas para acabar con el problema”, acotó Erquicia al ser entrevistada en el local de Participación Ciudadana.

Dijo que TI considera muy importante el uso de la tecnología, la información y la comunicación, como medios para asegurar la rendición de cuentas, para transparentar los procesos de compra y contrataciones públicas, el acceso a la información y también para transparentar el financiamiento de las campañas electorales y los partidos.

Recordó que la OEA declaró el 2006 como año Interamericano de lucha contra la corrupción, y hasta el momento no se ven acciones concretas para enfrentar el problema, “no sabemos si es que no han sabido comunicar lo que están haciendo y por eso pedimos que nos expliquen cuál ha sido su plan de trabajo en el marco de este año”.

Agregó que existe la Convención Interamericana contra la corrupción, que cuenta con un mecanismo de seguimiento, en el que la sociedad civil puede participar de manera informal presentando informes independientes, paralelos a los que presentan los gobiernos sobre cómo están enfrentando la corrupción.

Subrayó que Transparencia Internacional quiere que la participación de la sociedad civil no sea informal, sino que se le ceda un espacio formal y que se les permita estar como observador permanente en las reuniones del comité anticorrupción, de modo que pueda ver qué y cómo se está discutiendo.

Resaltó la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que ya ha sido firmada por muchos países, pero otros no. Esquicia ponderó que estos temas fueran planteados y discutidos en la asamblea general de la OEA.

Una de las recomendaciones fundamentales hechas por la sociedad civil y que fue incluida en la Declaración de Santo Domingo fue el tema de la rendición de cuentas, subrayó.

Erquicia agregó que debido a la falta de transparencia es que los ciudadanos no saben qué pasa con los recursos públicos, “pagamos impuestos pero no sabemos qué está pasando con los recursos. Realmente queremos que el gobierno sea transparente en este tema para asegurarnos que se invierte en salud, educación y combate a la pobreza”.

CASO DOMINICANO

En el caso dominicano, Participación Ciudadana, contraparte de Transparencia en el país, resaltó que ya se han aprobado algunas leyes importantes como la ley de libre acceso a la información y el proyecto Puente para regular las contrataciones de obras del Estado.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, insistió en que se apliquen las leyes de manera efectiva, sobre todo lo que tiene que ver con el libre acceso a la información.

Resaltó que a un año de aprobarse el reglamento de aplicación de la ley de libre acceso a la información, no se han hecho lo esfuerzos necesarios para que las distintas dependencias gubernamentales tengan instaladas sus respectivas oficinas de información pública y el responsable de este servicio.

“Entendemos que el Estado puede hacer mucho más, y esperamos que a partir de esta Asamblea se creen las condiciones para que avancemos en esta materia”.

Dijo que el gobierno del presidente Leonel Fernández tiene el compromiso de aplicar desde el primero de junio lo establecido en el Decreto Puente y no hay razón para que las instituciones públicas se nieguen a realizar concursos y licitaciones para las contrataciones de obras.

No obstante, señaló que aún no se han habilitado las oficinas para los funcionarios responsables de ofrecer el servicio, a pesar de que la primera señal de que existe la voluntad de aplicar lo contenido en el Decreto Puente es precisamente iniciar las instalaciones de las oficinas de información pública. Y consideró que no hay excusas para no hacer esto, pues incluso existen modelos como el de la Procuraduría General de la República.

Dijo que unas de las limitaciones de la ley aprobada en el país es que no tiene ninguna institución, ni organismo responsable para su aplicación.