En el segundo día de lectura de sus conclusiones, el Ministerio Público avanzó ayer en la presentación de evidencias que define incriminatorias contra los principales imputados en el caso Coral, para quienes procura condenas por el supuesto desfalco que habrían cometido contra el Estado desde tres instituciones públicas.

Son ellos los altos oficiales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Haza; Rossy Guzmán (la Pastora), y su hijo Tanner Flete; Kelman Santana, Erasmo Roger Pérez Núñez y Epifanio Peña, supuestos miembros del alegado entramado criminal que habría operado dentro de los consejos de seguridad Presidencial (Cusep) y de Turismo (Cestur), y Nacional de la Niñez (Conani).

Entre esas evidencias, el fiscal Miguel Collado, desglosó la de los terrenos donde se encuentra la supuesta Asociación Campesina Madre Tierra entre dos parcelas del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), con una extensión de 165.26 tareas, y la otra con una extensión de 493 tareas para un total de 600 tareas.

Afirmó que dicha asociación administra un terreno donde hay un grupo de naves “sumamente climatizadas, modernas para producción de pollos” que fueron tasadas en USD3, 856,042.

“Es decir, que es una propiedad donde se ha hecho una inversión sumamente grande”, resaltó el representante del MP.

Dijo que el señor Kelman Santana aparece como titular de una de las parcelas en tres registros “justo donde están construidas las naves, lo que nos da a entender que Kelman Santana prestó su nombre a Adán Cáceres para la adquisición de esos terrenos donde construyó la Asociación Campesina Madre Tierra...”.

Agregó que en la continuación de las investigaciones aparece con la otra mitad de los terrenos Erasmo Roger Pérez en dos contratos de 2014 a 2015 cuando se crea la asociación.

“Eso nos confirma al acusar a estos dos imputados, tanto, Kelman y Roger, que prestaban sus nombres para adquirir los terrenos y construir Madre Tierra y luego dejan la administración a Cáceres...”.