Presentes la percepción y las supuestas pruebas de corrupción en el país

Los informes que desde organismos calificados indican un moderado progreso de la lucha contra la corrupción contrastan con denuncias que al menos restan significación a tal progreso o casi lo niegan aunque el país ha estado situado en los dos últimos periodos de gobierno en encausamientos por peculado de muy pocos precedentes y suficiente valor histórico y lo que más caracteriza al presente son los revuelos que por distintos ámbitos delatan pública y ruidosamente, indicios de descomposición en el manejo de áreas de la Cosa Pública. Por algún lado debe comenzar la transparencia.

Desde la visión (precisamente) de Transparencia Internacional, importante órgano de atención a los comportamientos de Estado, en República Dominicana se registra en los últimos cuatro años cierto progreso en enfrentar y controlar el peculado pero el país todavía se encuentra por debajo del promedio global de progreso en esa lucha (42%) con una puntuación de 36 sobre cien, lo que indica que faltaría mucho por hacer en la dirección de generalizar la pulcritud en la Cosa Pública.

Hablando desde su reputación de organismo independiente en el seno de la sociedad civil, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, ha postulado que consolidar instituciones fuertes contra la impunidad sería un factor determinante para garantizar un entorno más estable y confiable en el país. “Mejorar la transparencia y fortalecer la capacidad de sancionar actos corruptos contribuiría no solo a una mejor gobernanza; también a un ambiente más seguro y atractivo tanto para la inversión como para la calidad de vida de los ciudadanos”.

A partir de este razonamiento debe tomarse en cuenta el protagonismo en los últimos cinco años de la Dirección General de Contrataciones Públicas que marca un significativo cambio hacia una verdadera supervisión sobre el uso del dineros públicos y las gestiones gubernamentales para ganar confianza ciudadana. Un órgano de controles institucionales en el que, al iniciarse como su director en el año 2020, Carlos Pimentel dijo haberlo hallado en carencia total de mandatos normativos que no se habían desarrollado antes, lo que notablemente le restaba eficiencia. Fundamentales, se podría decir, para regular las políticas y normas para la adquisición de bienes, servicios y obras del Estado. Ente sumido hasta ese momento en una intrascendencia adversa a la protección de los patrimonios públicos, podría afirmarse.

La DGCP anula contratos con el sector público antes de que puedan ejecutarse o después de descubrirse en falta como acaba de ocurrir con la desautorización de compras gigantescas al Instituto de Bienestar Estudiantil, INABIE.

La entidad fue señalada por Pimentel en un reciente almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio como uno de los organismos que por el alto volumen y magnitudes de sus operaciones suelen enfrentar mayores dificultades en la ejecución de licitaciones, lo que explica que los escrutinios sobre ellos sean permanentes. Una minuciosidad a la que ningún gobierno anterior se acogía.

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CASOS GOBIERNO

Una reciente enumeración del periódico Listín Diario de episodios divulgados con anterioridad por la prensa nacional con indicios de irregularidades y corrupción bajo la presente gestión de Gobierno aludió a “nueve grandes escándalos” en instituciones públicas que en algunos casos fueron seguidos por la destitución de funcionarios, prisión para involucrados o, sorprendentemente, por ninguna sanción.

Hizo mención particular de lo ocurrido en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, basándose en un informe de la Procuraduría General de la República refiriendo “grandes irregularidades” y recomendando las “investigaciones pertinentes” enfocándose con sospecha sobre contratos de adquisición de medicamentos con mención y aplicación de un compromiso de pagar 65 millones de pesos mensuales por servicios que nunca habrían sido servidos.

“Graves hallazgos” fueron depositados ante el Ministerio Público por altos funcionarios gubernamentales atribuyendo irregularidades con implicaciones penales después de que con anterioridad la Dirección General de Contrataciones Públicas había declarado nula por violación de la ley una contratación de Senasa con la firma Farmacard. El miércoles, Santiago Hazim, que para entonces dirigía el seguro estatal, anunció que defenderá personalmente su gestión y su honradez, sosteniendo que fue el primero en denunciar en el mes de noviembre del 2024 las irregularidades referidas.

Otros señalamientos que recaen sobre la gestión de Estado vigente refieren la adquisición sin transparencia de libros digitales, irregularidades en licitaciones de INABIE, ya mencionadas, denuncias de fraudes y fallos en el sistema de cobro de peajes electrónicos; sustracciones de dinero por empleados de seguridad del Ministerio de Agricultura; y contratación por la Oficina Gubernamental (Ogtic) por más de RD$6 millones de pesos para un proyecto que nunca se llevó a cabo.

Más casos, seguidos o no por destituciones y encausamientos, remiten a donaciones de dinero en una Navidad a un grupo de artistas nacionales sin comprobación de merecimientos ni consecuencias legales; la cuestionada adjudicación millonaria por el Intrant para una trunca instalación de semáforos inteligentes y los cuestionamientos al programa de acción Social Supérate que lo mostraban vulnerable a fraudes y engaños como la clonación de tarjetas para sustraer unos cien millones de pesos al Estado.

Tras una donación el año pasado de más de 3.5 millones de bonos a hogares vulnerables fueron hallados numerosos beneficiarios incluidos por error o intencionalmente sin pertenecer a niveles de pobreza tras ocurrir que el Ministerio de la Juventud fuera sorprendido en vías de beneficiar empresas con erogaciones millonarias sin licitaciones. En la mayoría de los casos no hubo consecuencias legales.

ANTES DEL 2020

Un grupo de observación ciudadana integrado por las reconocidas entidades Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Ciudad Alternativa y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica emitió un boletín de valoración sobre el período gubernamental que concluía afirmando que al cierre del lustro anterior se percibía que una “alta corrupción” había prosperado en el país a pesar de que en el 2018, asistiendo a la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, Perú, el representante del Poder Ejecutivo dominicano, Danilo Medina, suscribió un compromiso continental de fortalecer la independencia judicial para salvar de impunidad a las naciones.

El documento emitido al efecto argumento que el avance de la corrupción en República Dominicana estaba certificado implícitamente en diversas denuncias de investigaciones periodísticas y el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos que reporta supuestos daños a patrimonios de las naciones y a los derechos humanos sosteniendo además que desde el inicio de la pandemia en el 2019, mediante irregularidades y falta de transparencia, en el país se produjeron sobrevaluaciones escudadas en suministros para la salud aprovechando una declaración de estado de emergencia.

Además de denunciar que ningún caso de esas características fue objeto de sanción en los tribunales, agregó que “El Ministerio Público no cumplió (en ese momento) con su responsabilidad de investigar y perseguir a los culpables y en casos como el escándalo Odebrecht no solo elaboró un pésimo expediente, sino que excluyó del mismo a funcionarios gubernamentales y dirigentes del partido oficial. El daño a la justicia que se produjo entre el 2016 y el 2020 fue inmenso, pues el Consejo Nacional de la Magistratura designó en la Suprema Corte de Justicia y otros altos tribunales a militantes del partido oficialista”.

Citando un reporte de investigación periodística suscrito por Edith Febles en el que se afirmó que desde el alto mando del Ministerio Público de ese momento se habrían alterado concursos para la selección de nuevos fiscales y colocar en las fiscalías a “seguidores incondicionales” del oficialismo de entonces. En otra parte del documento evaluador se afirma que desde el año 2012: “la sociedad civil y la prensa independiente habían publicado pruebas e indicadores de coalición de altos funcionarios públicos, contubernios y familias y de asociados cercanos para contrataciones con sobrevaloraciones con instituciones públicas”.

¿MEJORÍA O NO?

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2O24 de Transparencia Internacional, avalado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) en un análisis, República Dominicana ocupaba la posición 104 de 180 países en la referida escala con una puntación de 36 sobre 100: “una leve mejoría respecto del año anterior cuando el país obtuvo 35 puntos y pasó a ocupar el puesto 108”.

Los analistas del mecanismo evaluador del sector público se basaron para sus conclusiones en datos de organismos como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, y en el documento que para el año pasado emitieron dijeron haber puesto atención a “la prevalencia del soborno, el desvío de fondos públicos, la impunidad de funcionarios que supuestamente incurren en actos de corrupción y los que restan validez a la independencia del sistema judicial». Entienden, adicionalmente, que el país «tiene un largo camino por recorrer para superar la impunidad”.