La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.

Con ese propósito, la magistrada designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diversas áreas especializadas, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

El equipo investigador está integrado, además, por los procuradores de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren); Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria. También lo integra Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.

Alcance de la investigación

La instrucción establece que el equipo debe extender sus indagatorias a todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas.

El objetivo es determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural.

Asimismo, la Procuradora dispuso que la fuerza de tarea realice, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Compromiso con el patrimonio natural

La Procuradora afirmó que la conservación y preservación de las áreas protegidas garantiza la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen a la sociedad dominicana, tanto en el presente como en el futuro.

El Ministerio Público explicó que esta instrucción implica un cambio estructural en la persecución de los delitos ecológicos, que por su impacto muchas veces irreversible serán tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado.