Proyecto de expresión garantiza derechos

El proyecto de ley sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales que cursa en el Congreso Nacional no contempla sanciones de cárcel y responde a los principios del Estado democrático, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y a estándares internacionales sobre derechos fundamentales.

En ello coincidieron el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez, el exjuez del TC Hermógenes Acosta, la abogada especialista en tecnología Ana Carolina Blanco y el experto internacional en libertad de expresión Joan Barata, al participar en el conversatorio sobre el referido proyecto legislativo.

La actividad fue realizada en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y contó con la presencia del presidente de esa entidad, Leonel Fernández, de periodistas, abogados y académicos.
Rodríguez, también director de la Comisión Consultiva, explicó que se trata de una legislación con sólida base constitucional e internacional, inspirada en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia dominicana.

Destacó que el proyecto recoge principios fundamentales de la libertad de expresión, como la prohibición de la censura previa, reconocida desde la Constitución de 1963, durante el gobierno de Juan Bosch.

Además, rechazó el calificativo de “ley mordaza” que sectores han atribuido a la iniciativa, aclarando que no contempla sanciones privativas de libertad y que su espíritu es garantista, remitiendo los eventuales conflictos al derecho común dominicano, a través del Código Penal, el Código Civil o las normas sobre delitos electrónicos.

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De su lado, Hermógenes Acosta consideró que el proyecto representa un avance, al corregir distorsiones jurídicas del pasado, como castigar con cárcel la difamación contra funcionarios o responsabilizar penalmente a directores de medios por hechos cometidos por periodistas.

Acosta también destacó la importancia de regular el uso de redes sociales, no desde cero, sino aplicando criterios ya validados por organismos nacionales e internacionales.

Mientras que la especialista Carolina Blanco abordó los retos regulatorios que enfrenta la República Dominicana ante el auge de las redes sociales, destacando aspectos de propiedad intelectual y tecnología.

Barata entiende que la regulación de plataformas como Facebook, Instagram o Twitter debe abordarse en una legislación separada, ya que los intermediarios no deben ser responsables por contenidos de terceros.