Puello demanda respaldo en las mesas comunitarias

El segundo suplente del Defensor del Pueblo y coordinador de las mesas comunitarias, Miguel Puello, se quejó de que esas dependencias no cuentan con el apoyo de las altas instancias del organismo ni conocen el alcance de su importante papel.

Las mesas comunitarias tienen por finalidad la inclusión social, participación ciudadana de las organizaciones sociales del Defensor del Pueblo para la promoción, educación y defensa de los derechos humanos y fundamentales en las comunidades

“A tres años después de haber iniciado los trabajos de creación de las mesas comunitarias, seguimos pensando con mucho dolor que, en el seno de las altas instancias del Defensor del Pueblo, no hay suficiente claridad sobre el papel, alcances, perspectivas y el carácter voluntario de los líderes de las mesas comunitarias”, expresó Puello en un informe de trabajo correspondiente a las ejecutorias del 2025.

Puello agregó que no existe un personal que sirva de apoyo al trabajo que realiza el Departamento Comunitario, teniendo que asumir solo la labor de empoderamiento de ciudadanía que se realiza a través de las mesas.

Reiteró que seguirá solicitando al Defensor del Pueblo la colaboración necesaria, para que los miembros de las mesas puedan realizar su trabajo de acompañamiento a la ciudadanía, para lograr contribuir a que ese organismo cumpla con su misión de salvaguardar los derechos humanos, así como también ser el ente de vigilancia local en la administración de los recursos públicos.

Puello destacó que, pese a las limitaciones que tienen para trabajar, en el 2025 se logró establecer mesas comunitarias en 20 provincias, 106 municipios y ocho bloques de barrios del Gran Santo Domingo.

Además, más de 800 líderes sociales y comunitarios de diversas áreas forman parte de las mesas comunitarias y realizan trabajos de acompañamiento a los ciudadanos en la defensa de sus derechos y de apoyo en busca de soluciones a distintos problemas que afectan a los ciudadanos en sus demarcaciones.

Otras actividades realizadas fueron: presentación de denuncias sobre la vulneración de derechos, entrega a la Policía Nacional de siete jóvenes en conflicto con la ley, gestión de libertad de 36 ciudadanos arrestados en redadas ilegales, denuncia de maltratos a privados de libertad en San Pedro de Macorís, gestión de solución de problemas ambientales en varias comunidades, así como mediación en diversos conflictos comunitarios.