Existe una suerte de aforismo sociológico que dice: las instituciones son o tienden a ser conservadoras. Son renuentes al cambio, a los cambios propios del tiempo y en sus estructuras, sobre todo de sus direcciones. Según Lenk y Newman, el partido fue “el triunfo del pluralismo social contra el orden estatal constrictivo y conservador”, encarnaban la idea de la renovación, pero en su largo andar en gran medida la perdieron. Hoy, paradójicamente, en el proceso de elección de sus representantes al Congreso muchos de ellos se han convertido en la negación de ese pluralismo social que en sus inicios fue la esencia de la democracia. Es lo que parece estar sucediendo con el PRM en su relacionamiento con sus congresistas y su gobierno en esta coyuntura.

Mientras el poder Ejecutivo se apresta a someter una serie de reformas constitucionales, muchas de ellas, según informaciones que desde diversas fuentes se conocen, de un significativo calado. Pero estas están siendo elaboradas en el contexto de un equívoco comportamiento del PRM con relación a enfrentar una de las mayores falencias del poder Judicial: tener un Código Penal acorde a los tiempos y en consonancia con el sentir mayoría de la población dominicana en torno a cuestiones básicas e irrenunciables. Por consiguiente, cuando los legisladores de ese sentido asumen las imposiciones/chantajes de una minoría de religiosos en cuestiones que son estrictamente de fe o de cultura, está negando el triunfo del pluralismo social frente al orden conservador.

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La discusión sobre el Código Penal tiene más de veinte años y los congresistas del PRM, en su casi totalidad, han aprobado su peor versión. En ese contexto, el Ejecutivo se apresta a proponer las reformas que entiende básicas para desarrollo presente y futuro del país. A ese propósito, es bueno tener presente que no basta que un proyecto de reformas sea exquisitamente elaborado, ni que contenga elementos justos y pertinentes, el contexto y los agentes que o impulsaría resultan claves para que estas sean efectivas y sostenibles. El dínamo impulsor de lo constituye el pluralismo social que se logre articular para imprimirle su imprescindible legitimidad. Sin ella ninguna ley puede cumplir realmente su cometido.

Hasta ahora, todo proyecto de transformación requiere de una articulación de la voluntad ciudadana en diversas formas de organización, siendo el partido político la de mayor peso por su extensión en el territorio. Por consiguiente, el Ejecutivo requiere de ese ariete para impulsar las reformas que plantea llevar a puerto en los próximo cuatro años y proyectadas hacia el futuro. Sin embargo, el comportamiento del PRM en el discurrir de la presente administración, hasta el momento, no se corresponde con esa inmancable pieza. La casi totalidad de sus legisladores, junto a la generalidad de la oposición, han hecho del Congreso una institución conservadora altamente cuestionada y carente de legitimidad, que sólo escucha/obedece a los sectores más conservadores y reaccionarios del país.

La vista pública de ayer en el Congreso para conocer el Código Penal evidencia cómo este tema sacude la sociedad dominicana y específicamente las relaciones sociedad civil y sociedad política, por lo cual debe encontrarse una solución a esta cuestión. No se puede hacer como el avestruz, que esconde la cabeza para no ver el peligro que lo amenaza. El tema debe ser resuelto, pues se ha convertido en una seria preocupación para una pluralidad de actores claves de la sociedad dominicana y se ha convertido en una piedra en el zapato para el PRM y su gobierno. Aprobarlo como las falencias que lo pervierten sería una barbaridad, como han expresado diversos sectores de esta sociedad y del mismo gobierno, pero sería peor que el Presidente lo promulgase con los desatinos que contiene.

El PRM se debate entre el país si y el país no, recordando el título de un poema de Evgueni Evtuchenko: el país de las reformas que sentarían las bases para un país con niveles mínimos de institucionalización e inclusión social o el del predominio de expresiones culturales atávicas y del mantenimiento de la cultura política del uso de los recursos del erario para el enriquecimiento personal y para reproducirse en el poder. Asumir y/o promulgar un código penal, como el presentado ayer en el Congreso, sería escoger el mantenimiento de este último camino. Eso podría ser una piedra en el camino de las reformas que debe ser quitada si se quiere que éstas discurran de manera expedita e inmediata una vez conocidos sus reales alcances.

El comportamiento del PRM frente a sus elegidos y a sus electores con relación a tema claves del país, sobre los cuales no toma posición como partido, han determinado que de más en más este pierda legitimidad en algunos sectores claves. Dirán que tiene más de un 50% de simpatía y es cierto, pero una cosa es disposición de votar un partido y otro es la adhesión al conjunto de ideas que este tenga enraizadas en la sociedad. Si las tiene puede ser instrumento de cambio, de lo contrario difícilmente.