¿Por qué una sociedad que se empoderó y luchó valientemente por un mejor presupuesto para la educación pública, contra la corrupción y la impunidad y a favor de la preservación del medioambiente, no ha luchado igual por la salud de calidad?

¿Por qué, si los datos apuntan a que el gasto familiar en salud es alrededor del 44%? ¿Por qué, si el Informe Nacional de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo mostró la salud y las pensiones como los dos derechos fundamentales más vulnerados en RD?

Aunque el Estado logró avances con la creación del Seguro Familiar de Salud (SFS), esto no ha sido suficiente para garantizar el acceso universal a atención sanitaria adecuada. Muchas personas tienen carnets del SFS, pero eso no les asegura cobertura.

Además, el copago que tiene que realizar cada persona suele ser elevado. Esto afecta a quienes tienen menos recursos. Muchas de estas personas mueren antes de recibir la atención a la que tienen derecho.

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Uno de los problemas es que el Plan Básico de Salud, contemplado por la Ley de Seguridad Social, no es cubierto por los seguros. En su lugar, se adoptó un catálogo mínimo de servicios (PDSS), que debía ser temporal, pero sigue imponiendo a la población una cobertura insuficiente.

También falta claridad en la población sobre sus derechos. La mayoría desconoce cómo funciona el sistema y no sabe a dónde acudir para reclamar. Organismos como la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) se ven atrapados en un «gigantismo institucional» que genera más burocracia que soluciones. Aquellos que intentan hacer valer sus derechos muchas veces se encuentran atrapados en un «ping pong» entre estas instituciones.

El enfoque comercial que predomina en el sistema de salud es uno de los mayores obstáculos para que el Estado asuma su rol como rector de la salud. En lugar de garantizar los derechos colectivos, éste parece priorizar los intereses privados, lo que provoca que aquellos que no pueden pagar por seguros complementarios o internacionales queden desamparados, en detrimento de la Constitución y las leyes.

La solución debe venir de la presión social, tal como ocurrió con la lucha por la educación. Si la sociedad no se organiza para exigir, no habrá cambios significativos. Las grandes transformaciones que ha experimentado el país en los últimos 20 años han sido impulsadas por el pueblo y el tema de la salud no será la excepción.

El gobierno de Luis Abinader ha mostrado buenas intenciones al incluir la salud entre sus prioridades fiscales, vinculadas a una posible reforma tributaria. Sin embargo, la simple asignación de recursos no será suficiente; se necesita claridad y eficiente implementación de las políticas de salud.

La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) ha propuesto 10 puntos para mejorar el sistema, que incluyen: puesta en marcha del sistema de atención primaria, ampliación de cobertura del SFS para añadir más servicios, reducción del copago, eliminación del veto empresarial en el Consejo de la Seguridad Social y cobertura de enfermedades catastróficas. Además, reducción de los trámites burocráticos, establecimiento de topes en costos de consultas y procedimientos médicos y relanzamiento de la Estrategia de Atención Primaria Integral de Salud.

La población debe dejar de ser «la bella durmiente» y exigir mejores servicios de salud, para que la atención médica deje de ser la «Cenicienta» del sistema. Sólo mejorando la salud pública, la población podrá vivir con una mejor calidad de vida y tener su final feliz.