Una impresionante posición de apariencia irreductible es a la que recurren partidos de oposición que anuncian intención de abstenerse de participar en el proceso electoral del 2024 en rechazo a una resolución sobre reservas de candidaturas aunque al mismo tiempo acuden a la vía ordinaria de impugnación como corresponde.

Su posición asombra y preocupa a quienes desde visiones independientes participan en el debate del tema y demandan que el sistema electoral esté libre de escollos y riesgos innecesarios. La legitimidad de la resolución de la Junta Central Electoral al respecto sería irrefutable hasta que una instancia contenciosa competente diga lo contrario. Augurar desde ahora una radical desobediencia es perturbador.

Ha estado también salido de cauce con exageración el oficialismo que insiste en publicitarse con cargo al erario para exaltar su obra y gestión de Estado con una inmoderación y un manejo de criterios con perfiles de propaganda proselitista mientras desde jefaturas de personal administrativo se ejerce presión para aumentar la asistencia a actividades político-gubernamentales con miembros del tren administrativo. Persecución política que se expresa en negarles el derecho a los empleados públicos a acudir a los mítines que prefieran. Trujillo insepulto.

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Puede verse a miembros del gabinete apoyando el proselitismo precoz incluso con presencia en actos de masas y reparto de dádivas, como activistas a todo dar del reeleccionismo de su partido o del súper mediático Presidente. La promesa tardía de que más adelante renunciarían a sus investiduras no los libera de ser señalados hoy como desconocedores de la neutralidad del Estado que no se debe a ningún partido en particular por más elecciones que haya ganado. Abusan de los aportes de los contribuyentes.

El controversial transfuguismo como posible efecto de compras de conciencia o espontáneo ejercicio de libre albedrío para cambiar de chaqueta, llena las crónicas de prensa de escenas de manos en alto del estelar jerarca palaciego que con toda evidencia toma altas decisiones de Estado y de manejo de enormes recursos públicos alternadas con la de presidir personalmente gestiones para dinamizar a su partido en el poder. Ausencia absoluta de frontera entre obligaciones palaciegas y las de palpable jefe de un proyecto reeleccionista.

¿Y quién no?

De alguna manera, sobresalientes males del presente tienen mucho de ancestrales o de ostensible vigencia a través de los últimos decenios, aunque en el debate electoral irresponsablemente prematuro y derrochador de tiempo útil y recursos con fines de permanecer en el poder o regresar a él, se les haga aparecer como de factura reciente haciéndose abstracción de que anteriores administraciones participaron en originarlos o en permitir su permanencia.

En amplios sectores de la colectividad prospera el convencimiento de que una mayoría de políticos dominicanos, dejando fuera honrosas excepciones, ha dejado de diferenciarse. La impresión de que se acude a unas mismas cuestionables artes políticas y administrativas ha ido ganando terreno y la virtual expiración en la post guerra fría de alineamientos a corrientes ideológicas y a códigos morales debilitados por la caída de la Unión Soviética ya permiten echar a muchos de ellos en un mismo saco.

Analistas políticos sin compromisos con banderías describieron como sorprendente que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, descalificara hace poco enfáticamente «el manejo desacertado del Estado» a través del tiempo echando un escupitajo hacia arriba que en alguna medida caería sobre los 20 años de riendas en manos que en el 2020 culminó su partido.

Los rechazos a los usos del poder que la Fuerza del Pueblo atribuye, a veces con razones y pruebas, a quienes ahora gobiernan, proceden de una entidad política que deja fuera de contexto que su líder máximo y seguro candidato presidencial, Leonel Fernández, confesó públicamente que 40 mil millones de pesos del erario serían utilizados para convertir en pretendiente imbatible al poder a su hoy rival Danilo Medina que, efectivamente, logró su puesta en el solio desde el 2012 al 2020.

Una alta tasa de rechazo al leonelismo, a pesar de su aceptable nivel de simpatía, parece negar que el pueblo sea un desmemoriado completo como se afirma a veces al menos desde las tácticas y subjetividades de algunos políticos