A pesar de la recuperación del crecimiento de renglones de una economía reforzada con el ingreso de capitales externos y remesas continúa el preocupante lado flaco de la agropecuaria y la agroindustria rezagadas a lo ínfimo en comparación con el turismo y las zonas francas.
El Estado no ha sido consecuente con específicos diagnósticos que hacen pertinente una conexión de más envergadura entre la capacidad de generar bienes a partir de la tierra y las demandas urbanas de frutos y materias primas.
El campo necesita, con urgencia, que la importación de insumos imprescindibles para el mayor rendimiento y rentabilidad de las cosechas y de la actividad pecuaria no sea de costos excesivos por razones impositivas y de falta de facilidades crediticias y tecnológicas.
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La decisión gubernamental de ocuparse rápidamente de la función intermediadora entre avicultores de huevos y adquirientes del alimento, tan esencial para los humanos, auspicia protección a unos y otros a partir de precios razonablemente subsidiados.
Un apoyo a vitales funciones productivas y a la nutrición del pueblo dominicano que debería ser medido en sus resultados inmediatos en ánimo de ensancharlo hacia otros ámbitos de los abastecimientos de primera necesidad.
La efectividad de políticas de respaldo a productores locales haría innecesarias en un futuro cercano otras liberaciones transitorias de aranceles que como exenciones deberían alcanzar la obtención de bienes locales preferentemente.