La grave crisis en Haití es de una magnitud descomunal, con manifestaciones de violencia e inseguridad, sin instituciones legítimas, y la mirada miope de la comunidad internacional. La severa decadencia humanitaria de Haití es producto de problemas en el suministro de alimentos, inflación descontrolada, desnutrición, brotes de cólera, inseguridad sistemática por la violencia de las pandillas que llevan a este país a la deriva en la peor inestabilidad política, económica e institucional.

Esto se agrava con la presencia de empresarios y particulares en la construcción de un canal sobre el río Dajabón o Masacre, y la imposibilidad del gobierno Haitiano de intervenir en este conflicto que viola el Tratado Bilateral de 1929 con la República Dominicana; además, coloca a nuestro país en un dilema que lo conduce a enfrentar con firmeza esta situación.

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Ante la imposibilidad del gobierno dominicano de intervenir en esa parte del territorio Haitiano, el Consejo de Seguridad de la República Dominicana ha tenido que adoptar medidas por el reinicio unilateral de los trabajos en el canal haitiano en el río masacre, consistentes en: suspensión definitiva de la entrada de los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso; mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resuelve antes del jueves (14 de septiembre 2023), cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo; reactivar la toma del río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como medida a corto plazo, para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos; iniciar el proceso de construcción de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo; solicitar reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.

Estas medidas fueron consideradas legítimas por parte del coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en República Dominicana, señor Mauricio Ramírez Villegas, no tan solo respecto al tema migratorio, sino también, por la seguridad y defensa del Estado dominicano.

Esas son las consecuencias cuando colapsa un Estado, y Haití, un país sin nadie al volante, gobernado por bandas criminales, es como un infierno donde todos quieren huir.

Haití, en la inestabilidad y la mirada miope de la comunidad internacional entró en un desasosiego inhumano, tambaleándose entre las protestas y la agudizada crisis. Un país sin Presidente y sin Estado, pues, después del magnicidio de Jovenel Moïse, y el posterior asesinato del ex candidato presidencial Eric Jean – Baptiste y su guardaespaldas, el control del país ha quedado totalmente controlado por la criminalidad organizada, empujándolo hacia el abismo por el que viene rodando desde hace décadas., y hoy, en manos de empresarios sin escrúpulos, capaces de poner en riesgo las relaciones diplomáticas y bilaterales entre República Dominicana y Haití, por sus intereses particulares.

Como hemos referido anteriormente en nuestros escritos, todo esto viene acompañado de soluciones de aposento tramadas en organismos y agencias internacionales, cuyas propuestas no dejan de ser irracionales e imprudentes al plantear una “solución dominicana” a la grave conmoción y desgracias de la República de Haití.

En lo que respecta a la política interna, el liderazgo político nacional de la República Dominicana debe respaldar las medidas y acciones del gobierno dominicano sobre la crisis en Haití, pues, esta es una cuestión de Estado, donde el interés de la nación dominicana está por encima de colores o posturas políticas e ideológicas.

Nuestro país, en múltiples ocasiones ha enfrentado solo, de manera solidaria y conforme a los principios que rigen el derecho internacional sus aportes para colaborar a solucionar esta crisis.

Es incorrecto e inmoral los juicios que se emiten con un plan mediático que pretende colocar a la República Dominicana como el verdugo de Haití. Nuestro país siempre ha sido solidario y respetuoso de los derechos humanos de los haitianos.

Todo lo anterior conduce a denominar a Haití como el laberinto perdido, y su implicación en la seguridad y defensa nacional del pueblo dominicano, en cuyo escenario se deben impedir los efectos directos de esta crisis que retrata no solo la violación del Tratado Bilateral de 1929, sino también, retrata la migración descontrolada, el tráfico de armas y sustancias controladas a través de la frontera.

De lo que se trata es que la República Dominicana cumpla con su misión constitucional de preservar la integridad y estabilidad de nuestro territorio y los recursos naturales, dada la experiencia de la sombra de las intervenciones internacionales en Haití, que desde siempre ha protegido las elites políticas y económicas, además, la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos, para que con un espíritu solidario Haití salga de su laberinto político y se pueda contribuir a su estabilización, por la vía democrática, para preservar la seguridad, y la paz de nuestros pueblos.