Hace pocos días, la Fundación Juan Bosch y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presentaron a la opinión pública los hallazgos de la investigación: “Radiografía del trabajo y los salarios en República Dominicana 2021-2023”. El propósito sustancial de dicha iniciativa consiste en analizar e indagar diferentes dimensiones del trabajo, como factor clave en la generación de riqueza en el marco del modelo económico dominicano actual.

En la presentación de “Radiografía del trabajo y los salarios en República Dominicana 2021-2023”, el Dr. Antonio Ciriaco Cruz, plantea que: “Históricamente, el trabajo ha desempeñado un papel fundamental en la vida material y personal de la gente. Los trabajadores pasan gran parte del tiempo en su lugar de trabajo, lo que lo convierte en un espacio significativo para su desarrollo personal, profesional y social. Es por ello, que entender la dinámica del «trabajo» como fuente generadora de valor y riqueza se convierte en un tema de creciente interés para investigadores, profesionales, diseñadores de políticas públicas, líderes empresariales y público en general”.

“Radiografía del trabajo y los salarios en República Dominicana 2021-2023”, ofrece una visión completa y actualizada de la situación laboral en el país, destacando tanto los logros como los desafíos que enfrenta la fuerza laboral dominicana. En fin, en la referida investigación se abordan los distintos aspectos del mercado laboral dominicano, incluyendo la tasa de desempleo, el empleo informal, la brecha salarial, el trabajo digno, el tejido y composición empresarial, y las políticas gubernamentales relacionadas con el trabajo y los salarios, entre otros temas relevantes de interés nacional y de políticas públicas.

La investigación “Radiografía del trabajo y los salarios en República Dominicana 2021- 2023”, fue realizada por: Matías Bosch Carcuro, Francisco A. Tavárez Vásquez/ (investigadores principales) y Perla Massiel Rosario Fabián (análisis estadístico). Los diseñadores de políticas sociales y los actores claves del sistema productivo dominicano, deberían conocer y analizar cada uno de los hallazgos, a los que arribó la investigación en cuestión. Por ejemplo:

El crecimiento económico dominicano funciona de manera desacoplada del desempeño del salario real, siendo República Dominicana uno de los países con mayor PIB por hora trabajada y uno de los países con salarios más bajos en la región.

El PIB ha crecido de manera sostenida durante décadas, pero el salario real no, y su tendencia es a reducirse y/o estancarse. La correlación entre crecimiento del PIB y salarios reales en el periodo 2001-2021 fue negativa, lo que indica estadísticamente que mientras el PIB crece favorablemente, los salarios van en sentido contrario. En el mismo período, las remuneraciones promedio, en cuanto a ingreso laboral real, en lugar de crecer se han estancado al nivel de que el crecimiento promedio ha sido un microscópico 0.2 % de 2006 a 2021.

De 2000 a 2022, la productividad laboral casi se ha triplicado, pero el ingreso laboral real decreció en un 17 %. La quiebra distributiva se expresa en que no ha habido una compensación por el crecimiento de la productividad laboral en los ingresos laborales. Al haber aumento de la productividad por trabajador/a, así como del producto general y sectorial, sin aumento de los salarios reales promedios, lo que ha crecido es la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, escenario en el cual el trabajo genera mayores ingresos y ganancias, pero participa menos de los mismos.

La disputa distributiva marca un notorio avance de los intereses patronales o dueños del capital y un deterioro severo para la clase trabajadora, viendo los datos de la masa salarial real con respecto al PIB real, se puede ver que la misma era 30.78 % del PIB en 2007, bajó a un 21.30 % en 2021. Es decir, los trabajadores no participan ni siquiera en un tercio del beneficio de su trabajo visto en términos de salario. Dado que la presión tributaria en el país no supera el 15 % del PIB y tiene un comportamiento inelástico, podría conjeturarse de que el capital se apropia de más del 60 % de la riqueza producida, además de ser beneficiario de una estructura tributaria ampliamente ventajosa.

Según los datos de DGII, de 2008 a 2019 se han visto más que duplicados los beneficios de los propietarios de las empresas, mientras los salarios reales en el mismo periodo solo han variado mínimamente. Los salarios son solo una pequeña fracción de los ingresos como de las ganancias empresariales. Evidentemente, el obstáculo para mejorar los salarios no es el tamaño de las empresas, tampoco su rentabilidad, y no se menciona la amenaza de una «espiral inflacionaria» mientras los beneficios sean crecientes y abrumadoramente en favor del capital.

Con la reciente reclasificación laboral, muchas empresas de gran o mediano tamaño se vieron beneficiadas bajando de categoría y por tanto aplicando a estas un salario mínimo más bajo del que ya tenían fijado. Así y todo, una gran parte de los trabajadores del país en la formalidad están en empresas grandes, por lo cual la explicación de que los bajos salarios se deben a altos costos laborales insostenibles por empresas incapaces de sobrellevarlos queda expuesta como un mito.

La puja salarial ha beneficiado totalmente al sector patronal. Cabe destacar que, bajo el nuevo escenario de discusión salarial, el 57 % de los trabajadores con salarios mínimos en 2021 trabajan en grandes empresas y el 30 % en medianas empresas, por lo cual definitivamente la discusión de salarios no pasa por una insolvencia empresarial.

Los datos de ingresos y gastos promedio por hogar, según quintiles, muestran la fragilidad de los hogares dominicanos en los que, literalmente, los ingresos promedio apenas sobrepasan los gastos promedio, El ingreso laboral promedio general de la economía dominicana apenas ha tenido un cambio en 15 años, al pasar de RD$10,665.7 a RD$10,695.5; una diferencia pírrica de tan solo RD$29.83.

Al medir el porcentaje de personas que residiendo en un hogar que percibe un ingreso laboral por persona por debajo de la línea de pobreza, la cual en 2021 se definió en base a una canasta básica alimenticia de apenas RD$5,675 per cápita para la pobreza general y de RD$2,613 para la pobreza extrema, en promedio el 45 % de las personas se encontraba viviendo bajo la línea de pobreza, mientras que solo el 55 % estaba por encima de dicho parámetro. En el 2021, aunque hubo una mejoría con respecto al 2020, un año de grandes vicisitudes económicas para el mundo y el país, persistía un porcentaje elevado de pobreza general.

El promedio de pobreza general del hogar con ocupaciones formales a través del ingreso laboral por ocupación principal se situó en un alto 58.7 %, que en 2021 ascendió a 1,088,213 ocupados por debajo de la línea de pobreza, lo que demuestra que el crecimiento sostenido de la economía no ha traducido el efecto trickle down o goteo que en nombre del neoliberalismo pregona el sistema económico vigente.

El ajuste salarial de 2023 no recupera el poder adquisitivo perdido entre 2020 y 2023, sobre todo considerando los grandes golpes inflacionarios en los ítems de la canasta familiar que más impactan en la estructura de gastos de los hogares de la mayoría de la clase trabajadora. Tampoco da cuenta de los aumentos de productividad.

Las tarifas de salarios mínimos por categorías de empresas y por sectores definidas en 2023 no se corresponden actualmente con los niveles de inflación acumulada y aumento de la productividad del trabajo registrada en el periodo 2000-2022. Este rezago en los salarios mínimos responde a la también revelada insuficiencia del salario real en el mismo periodo.

De haberse ajustado el salario mínimo en base al criterio de inflación acumulada y al aumento de productividad laboral, los montos de las tarifas de salarios mínimos para el Sector Privado No Sectorizado (SPNS) estimados deberían haber sido, para la última revisión, de RD$26,212.57 para las empresas pequeñas; RD$29,643.92 para las empresas medianas y de RD$43,190.31 en el caso de las empresas grandes. Algo similar se puede argumentar y sostener en sectores claves de la economía y las exportaciones como 87 >> en Hoteles, Bares y Restaurantes, por un lado, y Zonas Francas, por otro, en los que el salario podría ser, al menos, un 34 % más alto. En ambos casos las multimillonarias exportaciones en dólares, en función de grandes transnacionales, se generan con una «competitividad» basada en salarios por debajo de los mínimos vitales de las familias, además de enormes exenciones tributarias.

Un dato revelador es que, si se consolidan todos los gastos realizados en transferencias de apoyo a las empresas desde fondos públicos y sociales, la pandemia significó, siendo conservadores, más de 15 mil millones de pesos en subsidios para que las empresas siguieran funcionando. Esto hay que verlo en el mismo escenario en que ha sido nula la existencia de decisiones y políticas activas para gestionar la inflación revisando márgenes de ganancia del capital versus situación económica de las mayorías trabajadoras, y acuerdos de ajustes pírricos al salario.

Los datos vuelven a dejar a la vista que la formalidad no es una panacea y menos aún que justifique reformas y políticas todavía más regresivas para la clase trabajadora. La formalidad precaria y precarizante, detectada en estudios anteriores, nos habla de un modelo de desarrollo incapaz de garantizar derechos laborales, económicos y sociales según la propia Constitución, y que la formalidad es más bien un recurso retórico, mitificado, en la discusión de políticas.

La informalidad laboral continúa siendo mayoritaria y la creación de empleos informales fue superior 8.3 veces a la formal en 2021, lo cual no puede ser explicado solo desde el punto de vista del crecimiento de la economía, sino de factores salariales, de condiciones del empleo formal y la disponibilidad de ocio, entre otras variables. Y confirman que la disminución de la informalidad no depende de los niveles de crecimiento, sino de características estructurales del modelo económico y de las políticas económicas, laborales y sociales que se aplican.

La tasa de participación, que indica ha estado estancada en la horquilla del 60 % a 65 %, sobre todo por la baja participación de la fuerza laboral femenina, a pesar de tener más años de estudios que la masculina y más tasa de graduación de educación superior. Esta baja tasa de participación refleja la rigidez estructural del mercado laboral, que es el resultado de factores culturales, del modelo productivo y del sistema educativo nacional a todos los niveles, que no promueven inserción de más fuerza de trabajo, especialmente la femenina.

Los datos analizados muestran el avance de las medidas para segmentar el trabajo y contratarlo a «granel», lo que evidentemente implica un acortamiento de los derechos de los trabajadores. Con ello se fija, a interés de la clase empresarial, un 88 >> aligeramiento salarial, un ajuste de costo y se alcanza la anhelada flexibilidad al despido por parte de la empresa. Es precisamente una de las medidas que componen el paquete de políticas llamadas de «flexibilización laboral», eufemismo que en esencia significa reducción de derechos laborales, facilidad de despido, recorte de horas y salarios; un mundo ideal para maximizar la ganancia empresarial.

En 2021, los trabajadores denominados subocupados, o, mejor dicho, quienes tienen trabajos a medio tiempo, precarios y sin muchas garantías laborales, sumados a los desocupados y a la fuerza de trabajo potencial, revela que unas 962,484 personas no tienen trabajo, buscan uno y no lo encuentran, a pesar de querer trabajar, o sencillamente tienen un trabajo cuyas horas no satisfacen su demanda. Este total de personas bajo estas condiciones laborales de precariedad constituyeron el 18.1% de la Población Económicamente Activa.

En 2019, la cantidad de jóvenes no incorporados a los estudios formales ni al empleo alcanzó los 457,430. Con datos en 2021, han permanecido por encima de los 400,000 y República Dominicana se encuentra entre los países donde la proporción de jóvenes «Ninis» está por encima del 27 %.

La evolución de la tasa de densidad sindical ha pasado de 8.8 % en 2016 a 9.9 % en 2019, un aumento de apenas 1.1 puntos porcentuales con respecto a los ocupados totales de la economía dominicana. Esto contrasta de manera radical con el nivel de organización e incidencia del sector patronal, y el hecho de que la no sindicalización esté por encima del 90 % de los ocupados y ocupadas, habla de una política sostenida que permite la violación de este derecho esencial de los trabajadores.

Con estos niveles de baja tasa de participación, de precarización laboral y salarial política y estratégicamente decididas, es imposible tener un sistema de pensiones y seguridad social con suficiencia, y mucho menos si se mantiene en su esquema privatizado, financiarizado e insolidario. Claramente la suficiencia y sostenibilidad no se podrán lograr con privatizar y restringir derechos, sino, precisamente, con una política económica y laboral distinta, y con sistemas de protección social solidarios y con enfoque de derechos.

“República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera en sectores claves como el turismo y las zonas francas industriales en la región. Sin embargo, paralelamente con ese alto crecimiento, el país enfrenta desafíos persistentes en términos de desigualdad salarial y condiciones laborales, y muchos de los trabajadores dominicanos se enfrentan a salarios bajos, falta de seguridad laboral y dificultades para acceder a empleos formales y bien remunerados”. (Dr. Antonio Ciriaco Cruz, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, 2023)