Todavía existen esos profesionales del derecho sesudos, tranquilos. Esos que evalúan el alcance de los textos, reflexionan y cuando le solicitan opinión, investigan antes de expresarla.

Trabajan alejados del barullo y de la seducción que ofrece la pasarela mediática. Convencidos de cuánto costaba un ridículo en otro tiempo, omiten comentarios innecesarios.

Saben que es difícil expresarse. El coro impide la inclusión de solistas, algunos sin amparo de las organizaciones que sustituyeron, de manera irrevocable, el aporte de la academia en caso de que hubiera debate, al margen de la profusión de tuits.

Existen esos juristas con el talante de Manuel Bergés Chupani, a quien le hubiera indignado la frivolidad conceptual existente. Defendía con garras su parecer, sin ofender. Su arma favorita: el Código Civil, el articulado de la ciclópea obra, orgullo de Napoleón Bonaparte.

Conocía perfectamente el contenido y contundencia de cada uno de los artículos y enriquecía el conocimiento con la experiencia. Protagonista de una de las carreras judiciales más esplendentes, recorrió el territorio desempeñando las funciones asignadas hasta merecer la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

Unida a él gracias a su solidaridad con mi familia, manifestada en aquella época cuando era escasa, tuve el privilegio de ser su alumna y trabajar a su lado en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas de la UNPHU. Compartir con el decano, escucharlo responder preguntas, consultas, se convertía en un aprendizaje cotidiano.

En estos días de desbarres institucionales, hijos de la prisa y del deslumbre mediático, la participación de juristas de esa estirpe es urgente. Escasea la búsqueda y acatamiento de opinión sensata, antes de complacer peticiones.

Luego de prohibir algo que nunca existió, como es el matrimonio infantil en la República Dominicana, la preocupación de esos profesionales debe ser mayúscula. Un “hashtag” incluyó en agenda el tema.

Los organismos internacionales que nos tutelan, sin conocer las leyes vigentes, exigen y fueron satisfechos. El eco fue inmediato, hasta plegarias hubo, después celebraciones por la insólita ocurrencia.

El entusiasmo de comparsa ha sido tal, desde el desconocimiento y la banalización que semeja el cuento de Hans Christian Andersen, “El Traje Nuevo del Emperador”. El rey estaba desnudo, pero creyó no estarlo.

La vanidad y la alienación colectiva conspiraron para que todos los súbditos alabaran la originalidad de un traje inexistente propuesto por unos sastres estafadores.

Cuando todos repiten y se solazan en el equívoco sin pausa y con temor a salir del redil en tiempo de siega, el peligro acecha. Entre fábulas y parábolas está la lección. No hay pretensión de enmienda o acto de contrición porque la petulancia de los gestores está primero.

Existen comisiones especializadas, establecidas en el Reglamento del Senado de la República y en el de la Cámara de Diputados, cuyo trabajo debe trascender la coyuntura, ir más allá del reclamo ocasional. Advertir el error debió ser el trabajo del equipo.

La alharaca concluyó con la modificación del artículo 144 del Código Civil: “El hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los 18 años de edad”. El artículo modificado establecía como límite 18 años para el hombre 15 para la mujer.

La dispensa prevista en el artículo 145 desaparece, dispensa que jamás incluyó la niñez. La definición de niña y niño en el “Código que establece el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes” considera niña, niño: “toda persona desde su nacimiento hasta los doce años, inclusive y adolescente, a toda persona desde los trece años hasta alcanzar la mayoría de edad”.

La bulla seguirá, como continuarán las uniones consensuales con menores de edad, los concubinatos consentidos por los padres, las madres, los abuelos. Continuarán el abuso y la violación que marcan el dramático destino de tantas adolescentes.

Como ensayo mediático ha sido estupendo, pero ojalá no se repita. Actuar para apaciguar estruendos es arriesgado. La independencia del Poder Legislativo es indelegable, tiene la dimensión de su responsabilidad como primer poder.