La fuerte presencia del sector público en la economía y en la cobertura de las necesidades de la población ha sido uno de los hechos distintivos de los países integrantes de la Unión Europea, con el propósito de lograr mayores cuotas de bienestar social. A eso se le ha denominado Estado del Bienestar.

La construcción del Estado del Bienestar ha puesto su atención en asegurar protección social a todos los ciudadanos. Sólo el gasto en protección social representó el 27.2% del PIB en 2022, lo que multiplica el gasto público total de República Dominicana en esos términos por 1.5 veces. Dicho gasto se distribuye en gastos en pensiones, desempleo, sanidad, asistencia social, educación, vivienda, etc., que absorbe una parte muy importante de los recursos del sector público, que en algunos países de esa región supera hasta más de la mitad del PIB.

Veamos algunos ejemplos. En España el gasto público en 2022 representó el 46.6% del PIB, y de ese total el 55.4% se destinó a protección social. En Francia representó el 57.3% del PIB, y de ese nivel, el 56.2% fue destinado a protección social. En Alemania, el 48.6%; de ese eso, el 60% fue destinado a protección social. En el caso de Italia, el gasto público representó el 55.20% del PIB, y de ese nivel, el 53.6% fue destinado a protección social. Por su parte, en Suecia el gasto público representó el 49.2% del PIB, y de eso, el 53% fue destinado a protección social. Se podría seguir mencionando otros ejemplos.

La mayor proporción del gasto en protección social en la Unión Europea se asigna a cubrir pensiones (46.3%), seguido por los recursos asignados a cubrir problemas de salud (30%). Para cubrir las necesidades de familia y niños se destina 8.6%, para hacer frente a la discapacidad se destina un 7%, un 4.3% se destina a desempleo y un 3.8% se destina a cubrir necesidades de vivienda y exclusión social.

Garantizar un nivel básico de bienestar para todos los ciudadanos que incluya un verdadero sistema de protección social que cubra las necesidades fundamentales y proteja a los individuos frente a riesgos económicos y sociales como el desempleo, la enfermedad, la discapacidad y la vejez, explica por qué los países desarrollados muestran los mejores indicadores de desarrollo humano. En efecto, los países integrantes de la Unión Europea caen en la categoría de países de desarrollo humano muy alto, según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas correspondiente a 2023.

En el caso de la República Dominicana lo que se observa es una débil presencia del sector público en la economía y en la cobertura de las necesidades básicas de la población. El gasto público apenas representa el 18.5% del PIB, y el gasto en protección social representa el 4.1% del PIB; sólo un 15% de lo que en la Unión Europea.

Una expresión concreta del dato anterior es la siguiente. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la distribución de personas mayores de 65 años por fuente de ingresos en 2021 en el país fue la siguiente en 2021: el 15.8% recibe sólo pensión; el 2.2% recibe ingreso laboral y pensión; el 24.6% recibe sólo ingreso laboral; y el 57.4% no recibe ni ingreso laboral ni pensión. Esta situación representa un gran desafío para nuestro país, ya que el porcentaje de personas mayores de 65 años y más que no recibe ingreso laboral ni pensión es uno de los más alto en Latinoamérica, sólo superado por El Salvador.

Siempre he señalado que un país como la República Dominicana, con aspiraciones a ser un país de desarrollo humano muy alto tiene que mirarse en el espejo de los países que han logrado ese desarrollo. Por su alto nivel de desarrollo humano, los países de la Unión Europea son un buen ejemplo. El caso nuestro es mal ejemplo.

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos se propusieron y trazaron el camino construyendo sociedades inclusivas a favor de todos los ciudadanos, asegurando el derecho de un mínimo estándar de vida acorde con su dignidad como personas. Pero eso tiene un costo, y lo pagaron.

Es a eso es que aspiramos, pero ¿y la facturita?