La primera elección libre y democrática protagonizada por el pueblo dominicano transcurrió pacíficamente en diciembre del año 1962. Juan Bosch, del PRD, resultó elegido abrumadoramente el primer presidente de la República luego de tres décadas de exterminio del dictador Rafael Trujillo.

Aquella apertura democrática encarnada en la figura de Bosch duró apenas siete meses y, el 25 de septiembre de 1963, un nefasto golpe de Estado manu militari acabó la que sería la vida institucional en ciernes. A posteriori, el contragolpe, la Guerra Civil y la intervención militar de Estados Unidos –episodios de 1965- abrieron las puertas del Palacio Nacional a los 12 años de Gobiernos autoritarios y despóticos de Joaquín Balaguer, en los cuales las elecciones libres, democráticas y transparentes se convirtieron en lejana aspiración del pueblo, sustituidas por el fraude, la persecución política y la ausencia de libertades y derechos humanos conculcados.

Pero en 1978, el pueblo dominicano, guiado por las ideas social demócratas de José Francisco Peña Gómez, se armó de valor, desafió al régimen de 12 años y eligió a Antonio Guzmán presidente de la nación, dando validez histórica a la expresión de Montesquieu: “El pueblo es, en la democracia, monarca o súbdito, según los puntos de vista”.

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Charles-Louis de Secondat, Barón de la Bréde y de Montesquieu (1689-1755), agregó: “A través del sufragio, que es expresión de su voluntad, (el pueblo) será monarca, puesto que la voluntad del soberano es el mismo soberano. Las leyes que establecen el derecho al voto son, pues, fundamentales en este Gobierno. La reglamentación de cómo, por quien, y sobre qué deben ser emitidos los votos, es tan importante como saber en una Monarquía quién es el monarca y de qué manera debe gobernar”. (Montesquieu, “El Espíritu de las Leyes”, París, 1748).

Hoy el pueblo dominicano se ha erigido en su propio monarca mediante el sufragio para la escogencia libre y democrática de las autoridades electivas, a pesar de que Balaguer, al retornar en 1986, reimplantó su esquema de desmanes electorales fraudulentos en los comicios de 1990 y 1994.

Superada esa lúgubre etapa, el electorado navega por aguas eleccionarias tranquilas, provisto de un marco legal, la imparcialidad del gobierno y los poderes públicos, un competitivo y adulto sistema de partidos y regenteado por la Junta Central Electoral (JCE), ejecutante del proceso electoral, que es la condición y expresión práctica de la democracia.

Durante el proceso electoral se concentran y concretan todos aquellos instrumentos que hacen posible la elección de gobernantes y legisladores.