En nuestro escrito anterior habíamos referido que resulta necesario que “la planificación se consolide como un instrumento de la política de desarrollo de nuestro país, especialmente en apoyo al diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas de inclusión social”.

En consecuencia, es idóneo abordar otros retos de la planificación moderna desde la visión de fortalecer los mecanismos de concertación y coordinación, profundizando en los instrumentos de participación entre el Estado, el sector empresarial o privado, y las organizaciones de la sociedad civil; y por supuesto, las condiciones indispensables para mejorar la evaluación del proceso mismo de la planificación de políticas públicas de inclusión social.

Por estas razones, asumimos la utilidad que se le confiere a la planificación como un instrumento del Estado “para coordinar el proceso hacia un desarrollo con igualdad, que necesariamente es de largo plazo” (Máttar, J. y Perrotti, D. La planificación como instrumento de desarrollo con igualdad en América Latina y el Caribe: tendencias y desafíos. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 2014, p. 13), y aceptamos como novedosa la definición de planificación para el desarrollo, la cual busca incorporar en su proceso la consulta o discusión con los actores sociales, políticos y económicos, pero que además, incluye una visión holística al tomar en cuenta las variables de carácter económico, social y ambiental.

En tal sentido, en lo que respecta a la postura sobre la planificación, apoyamos la concepción de que la visión de país conlleva “procesos participativos liderados por el Estado, de modo que la sociedad se empodere de esa visión y, más allá de los sesgos que cada gobierno pueda imprimir a sus políticas” (Màttar y Perrotti, Ob. Cit., p. 13). De esta manera se procura la transformación hacia esa imagen de nación que se construye colectivamente.

Esta es la razón por la que vinculamos el proceso de planificación con los instrumentos de consulta ciudadana, la concertación y la participación popular para una visión moderna y estratégica de la gestión pública.

En efecto, los asuntos sobre la participación popular lo relacionamos con las teorías y tendencias que se han suscitado a raíz del movimiento social y político del siglo XX. Más que una concepción de tipo limitativa, en la que el (la) ciudadano(a) solo se le permite opinar, vemos en nuestro análisis la participación popular como una relación de poder, aquella que busca el Estado para legitimarse, negociar con la sociedad y arbitrar los conflictos de intereses, y que de manera indistinta puede utilizarse también la expresión participación ciudadana.

Es por esto que resulta atractivo el pensamiento de Rio, E. en su obra poder político y participación popular (2003), en el sentido de ver la participación popular como las acciones, actividades o iniciativas de los “movimientos populares” y su relación con el poder político; y sigue considerando, que “la participación no debería ceñirse a la vía electoral indirecta. A ella podrían sumarse las diversas formas de democracia semidirecta” (p. 131), y propone mecanismos necesarios para incentivar la participación popular como por ejemplo: la iniciativa legislativa y el referéndum; participación en deliberaciones; vigilancia sobre la aplicación de las decisiones como la rendición de cuentas u otras formas de control de los cargos públicos; y la intervención ciudadana para el control popular.

La participación popular está estrechamente relacionada con la consulta ciudadana, ya que este es uno de los mecanismos e instrumentos que instituye el Estado moderno en su relación con los particulares. De la participación popular es que se extraen los principios, normas y precedentes que utiliza la consulta ciudadana, y el sistema democrático se sustenta en propiciar esta relación de poder con la construcción de respuestas colectivas de los problemas que desean solucionar sus ciudadanos. Estos son los instrumentos que se consideran como el camino de legitimación del Estado moderno a través de una mayor participación popular en los asuntos públicos.

Asimismo, es necesario diferenciar la participación política de la participación popular o ciudadana; y es que, la primera se inclina a la búsqueda de posiciones de poder y aumentar la influencia sobre el Estado o reforzando su presencia en el por parte de los grupos sociales. Mientras que la segunda, la participación popular, busca la trasformación de la sociedad, generando capacidades en los ciudadanos para influir en la toma de decisiones en las instituciones públicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Esta es la concepción de participación popular en la que nos amparamos en este análisis.

De ahí que fomentar la transparencia en el Estado es indispensable para propiciar el debate público y los instrumentos de control y participación popular.

El debate actual sobre la participación popular está asociado a dos discusiones principales, en un primer nivel están los que afirman, de manera empírica, que existen pocos niveles de incentivos por parte del Estado o que el poder político no estimula debidamente para generar una masiva participación, o lo que es lo mismo, que los poderes públicos la inhiben o no la favorecen. Por otro lado, están los partidarios de que existe cierto pesimismo en la población sobre la participación o poca disposición de los ciudadanos en tomar acciones colectivas.

En tal sentido se observa una lucha entre dos teorías: a) la voluntad de participar y las vías abiertas para la participación; y b) las medidas destinadas a propiciarla haciendo frente a la inaccesibilidad del poder.

Lo anterior apunta hacia la conclusión de que debemos abocarnos al criterio esgrimido anteriormente de que la participación popular no debería limitarse a la vía electoral, sino que ello implica actividades directas sobre la deliberación colectiva, el intercambio de opiniones, y la reflexión conjunta en la formulación de las políticas públicas de protección social; es por esta razón que nos inclinamos a la postura que promueve la responsabilidad del Estado para favorecer el activismo social.

Las instituciones públicas deben disponer de los medios que fomenten la participación de los sectores de la sociedad, sin mayores dificultades para participar, porque la vida democrática solo se puede reforzar con más participación.

Por otro lado, es altamente relevante para el desarrollo del país la democracia participativa y la creación de los espacios de decisión ciudadana propios, autónomos, diferenciados, y también formalmente desconectados del territorio político institucional.

Todo esto implica que la participación conlleva las transformaciones en el seno de la sociedad en general y de la civil en particular; y que se debe incentivar que los(as) ciudadanos(as) participen con mayor incidencia en sus propias organizaciones o en los espacios públicos a la hora de formular sus demandas a las instituciones políticas.

En este orden, las decisiones a través de las participación popular y la consulta ciudadana en la planificación para el desarrollo implica revalorizar la intervención de la comunidad en este proceso; y con la mediación institucional es indispensable incrementar las experiencias participativas en los asuntos que afectan al bienestar y los intereses generales o colectivos de los(as) ciudadanos(as), para propiciar más igualdad, más inclusión social y reducir los niveles de pobreza mediante las políticas públicas de protección social.