Loyda Peña 
El juez de la Instrucción Especial del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, autorizó el allanamiento a una pareja que supuestamente extorsionaba y chantajeaba a un empresario amenazándolo con publicar en las redes sociales vídeos íntimos grabados sin su consentimiento, si no les pagaba una supuesta deuda que habría contraído con ellos.
Los supuestos extorsionadores son el ciudadano nigeriano Asiodu Uchechunknuka Olusegun, alias Gregory, y su pareja sentimental Olga Lidia Navarro (Olgalid), quienes según una querella presentada en su contra por los abogados de la víctima, lo intimidaban constantemente a través de las redes y en periódicos digitales, exigiéndole pagos de US$1,000, US$10,000 y hasta RD$400,000, a cambio de no hacer público los vídeos.
El empresario, cuyo nombre se pidió no ser revelado, y el nigeriano, hacía dos años mantenían relaciones de amistad y de tipo comercial, y éste y su pareja Navarro lo invitaban a su apartamento para tratar temas de negocios “y compartir amenamente cenas, almuerzos, etc”.
Le hacían vídeos. Según el expediente, los recurridos aprovechaban esas actividades sociales para grabar al empresario en la habitación de huésped, en actividades íntimas, y luego lo chantajeaban mostrándole los vídeos y diciéndole que los tenían guardados “en las nubes”, por si acaso se llevaban la computadora.
Empeñó para pagar. El empresario estuvo siendo chantajeado por el nigeriano y su pareja durante varios meses, y cuando les decía que no tenía dinero, los supuestos extorsionadores se ofrecían a hacerle gestiones en una financiera para que tomara un préstamo poniendo su vehículo en garantía, “y un día tuvo que empeñar el reloj de su esposa para darles RD$400,000)”, según consta en la querella.
El allanamiento a la residencia de los recurridos, ubicada en la avenida George Washington número 511, Torre Veiramar, Apartamento 1503, donde es localizable Olgalid Navarro, fue autorizado el 4 de abril en curso, a los fines de incautar allí celulares, laptop y todo tipo de dispositivos electrónicos, como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público actuante en el caso.
El querellante tiene como abogados a Jorge Lora Castillo y José Stalin Almonte
