El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) arrendó los mismos terrenos, en localidades de San Pedro de Macorís, a tres empresas distintas: constructora Castelar (hoy Unidad La Finca), del consorcio Vicini-Campollo; Azucarera Porvenir, propiedad de inversionistas españoles, representado por Joaquín Martín Montero, y la empresa Inversiones Nacari SRL, de la familia Hazim-Frappier.

La operación provocó un serio conflicto legal y económico que incluyo una demanda millonaria contra la empresa.

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Todo empezó a mediados del 2010, en la administración de Enrique Martínez Reyes, cuando los inversionistas españoles adquirieron unas 6,300 hectáreas del ingenio Porvenir, con el compromiso de pagar una renta fija anual de un millón de dólares y un porcentaje de sus ganancias en cada zafa. Un mes después, en la gestión de Frank Matos, que sustituyó a Martínez, cedió unas 300 mil tareas en arrendamiento al grupo Vicini en ingenios continuos, sin dejar claro cuáles son los linderos que corresponden a cada arrendatario, y sin que la empresa privada supiera que la pasada administración ya había arrendado parte importante de los predios a los españoles.

Después de las transacciones con estas dos empresas, el CEA hizo negociaciones con un tercer arrendatario: inversiones Nacari, de los Hazim-Frappier, grupo al que otorgaron 22 mil tareas ubicadas en las denominadas colonias Alejando Bass II, Jalonga, Consuelo y otras, pertenecientes a los ingenios Porvenir y Santa Fe, lo que implica que en el caso de la especie también se asignaron tierras que fueron cedidas previamente a la Azucarera Porvenir.

Martín Montero y sus asesores legales plantearon al CEA que el binomio Vicini-Campollo ocuparon el 50 por ciento de las tierras arrendadas a ellos, y que con las áreas que reclamó Inversiones Nacai, “nuestro contrato quedó prácticamente erradicado”.

Los españoles abandonaron los terrenos recibidos y se retiraron tranquilamente del mercado azucarero local. Llevaron su demanda ante un tribunal de arbitraje que habría impuesto una condena millonaria al CEA “por haber incumplido los acuerdos tomados en el 2012”.

A la fecha la corporación azucarera paga todos los meses altas sumas en dólares a la firma de abogados internacionales Uría Menéndez y Maríx Camberse, que representó al Estado Dominicano y al CEA en el arbitraje con Martín Montero. Aunque en la empresa oficial no fue posible obtener informaciones sobre el caso, el director ejecutivo del consejo azucarero, Rafael Burgos Gómez, mediante comunicación No.00281, solicitó al director de Presupuesto, una asignación de fondos de US$71,960.60, “correspondientes a honorarios y gastos incurridos” por las indicadas firmas legales.

Caso Robinson Canó

Después del impasse con las empresas cañeras, en la administración de José Pepe Domínguez, el CEA vendió por 50 millones de pesos, al pelotero de grandes Ligas Robinson Canó, 23 mil tareas de terrenos de los ingenios Consuelo y Santa Fe, y siete mil tareas en los mismos lugares a la Familia Tapia, que pago 30 millones, operaciones que se hicieron al margen de la ley y del reglamento interno de la empresa que establece el informe de la Unidad Técnica y de la Comisión de Ventas y la aprobación del Consejo de directores que encabezan los ministros de Hacienda y Agricultura. Pedro Mota, que sustituyó en el cargo a Domínguez, dijo que el anterior incumbente había declarado que “esos dineros se destinaron al pago de nóminas de empleados”. Las irregulares transacciones con Canó y los Tapia llegaron al conocimiento del presidente Danilo Medina, que dispuso la cancelación de las dos operaciones y la devolución de los valores aportados por los interesados”.