Loyda Peña 
Máximo Calzado Reyes
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) puso ayer en mora a la Procuraduría General y al Poder Judicial, por su inobservancia en la aplicación de la Ley número 340-22 sobre Extinción de Dominio.
En una Acción de Amparo de Cumplimiento contra las dos instituciones citadas, la FJT recordó que la Ley 340-22 representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos, ya que permite recuperar bienes ilícitos sin necesidad de que haya una condena penal.
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Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la FJT recordó que para garantizar la aplicación efectiva de la ley de marras es necesario contar con estructuras institucionales adecuadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 5, 1 6 y 1 04.
Indicó que en el caso del Ministerio Público, “es su responsabilidad crear procuradurías o unidades especializadas” para investigar y perseguir los casos relacionados con la recuperación de bienes ilícitos.
