Entidades de derechos humanos consideraron vergonzoso que desde las cárceles del país y por la vía telefónica se estén estafando a personas, situación que demuestra la falta de control y vigilancia que tienen las autoridades a lo interno de esos recintos.
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (Afamidesa) y la Defensoría de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Dededin) pidieron a las autoridades auxiliarse de equipos tecnológicos para bloquear la señal de teléfonos móviles y tomar las medidas necesarias para impedir que esos celulares entren a las cárceles.
“Esta es una situación que debe preocupar a todos, ya que si desde las prisiones estafan a personas a través de estos dispositivos, podrían estarse planeando otros delitos, como robo, narcotráfico, secuestros y asesinatos, en perjuicio de la población”, expresaron.
Indicaron que la Procuraduría General de la República debe hacer una investigación que inicie con los alcaides de las cárceles, «porque no es posible que entren esos celulares a los centros correccionales sin la complicidad del personal encargado de la vigilancia».
Afamidesa y Dededin señalaron que según informes hay presos que alquilan celulares a otros internos por elevadas sumas de dinero y otros aparecen muy activos en las redes sociales, debido a que no existe ningún mecanismo que limite la señal telefónica en las cárceles.
Dijeron que todo eso sucede ante la mirada indiferente de las autoridades encargadas de custodiar esos centros de corrección.
Las entidades dijeron que son partidarias de que la Procuraduría instale una cabina telefónica en las cárceles del país, donde los internos se comuniquen con sus familiares, siempre bajo supervisión de las autoridades penitenciarias.
Un medio de circulación nacional publicó hoy que redes integradas por al menos 30 internos, entre ellos 12 mujeres, estafaban a personas, vía telefónica, desde las cárceles de La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Azua, Najayo Hombre y La Victoria.