Diez años después de que se aprobó la ley 66-97 que asigna el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación preuniversitaria no deberían existir excusas válidas para justificar que un plantel educativo en Santiago, para citar tan solo un ejemplo, lleve esa misma cantidad de tiempo en la jornada extendida sin que se le haya podido construir un comedor decente y apropiado, lo que obliga a sus mas de 500 estudiantes a utilizar el patio de la escuela o las propias aulas para comer.

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Situaciones similares, o aún peores y mas vergonzosas, se dan a todo lo largo y ancho del país, lo que obliga a concluir que los recursos, que se supone son ahora abundantes, no son el único obstáculo para que nuestro sistema de educación pública, empezando por las condiciones físicas de las escuelas, funcione como debe ser, pero sobre todo a la altura de nuestras expectativas y necesidades de desarrollo.

Lo que lamentablemente no ocurre por diversos motivos y razones que van desde carencia de agua potable, baños en mal estado, falta de maestros y un largo etcétera. Y si no cito aquí los paros, movilizaciones y protestas de la ADP, es solo para recordarles que los maestros y su luchismo insensato y desfasado no es el único responsable de la pérdida de docencia en la educación pública dominicana, una de sus grandes falencias.

Ojalá que el Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, se anime a ordenar un inventario riguroso de las escuelas que no ofrecen condiciones mínimas para que se imparta docencia en ellas, y proceda a su inmediata intervención. No es una tarea que atraerá grandes titulares en los periódicos, pero nos ahorraría la vergüenza de ver a cada rato las deplorables condiciones en que se encuentran tantas escuelas del país a pesar que desde el 2013, y hasta el priner semestre del 2024, la educación pública dominicana había recibido la friolera de ¡casi dos billones de pesos! Lo que demuestra, hay que volver a repetirlo, que el dinero no ha sido el problema sino la forma en que se ha gastado.