El domingo 12 de febrero de este año se destaparía otro de los casos penales en la República Dominicana que, a juicio de expertos, ha sido accidentado previo a llegar a los tribunales. Se trata de la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez, de 16, que murió luego de un sangrado vaginal en Higüey, provincia La Altagracia.

El responsable de la muerte de Richiez, según el Ministerio Público, es el profesor de Matemáticas John Kelly Martínez. Pero sobre este caso, desde que se conoció, han surgido varias versiones desde diferentes sectores de la sociedad: la familia, la prensa, el Ministerio Público y la opinión pública.

John Kelly Martínez, imputado por el caso Esmeralda Richiez.

La versión de la familia

Desde que el caso de Richiez se hizo público, tanto el padre como la madre de la adolescente han mantenido su posición de que a su hija la mataron, señalando como el principal responsable a John Kelly, que dejó el vástago en su residencia cerca de las 12 de la medianoche tras regresar supuestamente a una playa en Bávaro.

Eligio Richiez Castillo contó a la prensa que no conocía al docente, que «nunca» lo había visto y que tampoco dejaba salir a su hija tarde de la noche. Cuando se enteró de que era con el profesor que Esmeralda andaba junto a otras amiguitas, dijo: «Ah, pues está bien».

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Los hechos narrados, según el expediente contra el imputado, precisan que la adolescente llegó a su casa y durmió sintiéndose mal, con un sangrado, pero sus padres supuestamente no conocían cuál era la situación vaginal de ella, y como presuntamente le habían dado pastillas, le restaron importancia.

A Esmeralda la encontraron muerta en el baño al día siguiente, 13 de febrero. Más adelante, los padres aseguraron que el profesor le dio pastillas para que ella abortara, porque supuestamente estaba embarazada.

La prensa

A esto, la prensa nacional se hizo eco. El caso de Richiez fue portada en todos los medios por varios días, los cuales recogieron la versión de la familia que daban por hecho que su hija había sido víctima de un aborto que salió mal.

Al respecto, los penalistas Cándido Simón y Julio Cury, consideraron que el caso tuvo un trato que no se apegó a lo que establece la Ley 136-03, sobre el Código del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente con el uso de la imagen de la fallecida.

La versión del Ministerio Público

Luego de varios días con el caso pululando en los medios sin que hasta ese entonces se tuviera una versión oficial de los hechos, el órgano acusador informó que la adolescente no estaba embarazada y añadió otro ingrediente que más adelante se sumaría a otros cargos con un ademdun en la solicitud de medidas de coerción: Esmeralda fue objeto de una «abuso sexual violento».

Informe del Inacif y… ¿el tamaño del pene?

Junto con la solicitud de medidas de coerción contra John Kelly, el Ministerio Público adjuntó un informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que planteaba, entre otros resultados científicos, el tamaño del pene del imputado.

«Ese es un elemento de prueba que resultará contaminado, porque en esta etapa de la investigación, que la preparatoria, estar divulgando los elementos de prueba que son los adelantos de la investigación. Yo vi que dizque el imputado tiene un pene de tanto (cenímetros)… Eso es violatorio a la intimidad de él, porque su dignidad es el único derecho fundamental en absoluto. ¿Por qué tiene la sociedad que enterarse del tamaño del pene?», criticó Cury.

El informe señala, además, la causa de la muerte de Richiez: shock hipovolémico, un elemento de la investigación que también generó debates en las redes sociales y opiniones encontradas en algunos expertos en medicina sobre las razones que pudieran generar dicha afección.

¿Aborto o no?

Luego que el Ministerio Público presentara a los medios los resultados preliminares de la autopsia a Esmeralda, la familia de la adolescente insiste en que ella sí estaba embarazada cuando murió.

Declaraciones de uno de los abogados de la familia dan cuenta que no están convencidos de lo que informó el órgano de justicia.

Sin embargo, las pastillas que supuestamente se había tomado la menor el día de los hechos, serían aquellos fármacos que cuenta el expediente acusatorio, pero sin precisar que hayan sido para la interrupción del embarazo.

En ese sentido, el también penalista había contado a este diario, varios días antes de la publicación del Ministerio Público, que de no haber un embarazo en los informes oficiales, el caso debía ser tipificado como un envenenamiento.

Error material del Ministerio Público

El Ministerio Público no sólo se equivocó al poner otro nombre distinto al del imputado en las conclusiones del dispositivo, sino que publicó una fecha que no se corresponde con la del caso. Pero los expertos en la materia restaron importancia a esto, debido a que, según los abogados, el juez no considera las conclusiones sino aquellas que se moralizan al momento de la audiencia.

Más tarde, el error fue corregido por la entidad.

Previamente, el órgano acusador elevó la solicitud de medida de coerción y añadió, además del «crimen de violencia sexual, homicidio voluntario, con tortura y acto de barbarie».

La medida de coerción, ¿abusiva?

Respecto a la medida de coerción, consistente en prisión preventiva por 12 meses contra John Kelly, Cury arremetió contra la petición del Ministerio Público, al calificarla como populista y desproporcionada.

«¿Por qué no imponerle otra medida de coerción que resulte menos gravosa. ¿Vamos a caer en el populismo con relación a los casos de corrupción administrativa? La sociedad tiene años creyendo que la prisión preventiva es un anticipo de la condena», cuestionó Cury.

¿Un caso complicado?

A todo esto, el penalista Simón considera que debido a cómo la sociedad, la prensa y el Ministerio Público ha manejado el caso, podría complicarse el tratamiento previo a llegar a los tribunales.

«Las versiones y los diferentes componentes que cada día salgan eso lo que hace es complicar el caso. Primero, sacaron una información que no estaba confirmada por el Inacif, de que se trataba de una violación sexual. Hasta el momento no se ha establecido que haya sido por un aborto, pero los medios no han hecho la corrección, siguen hablando del mismo tema. En este caso, no se trata propiamente de una violación sexual sino de una agresión sexual», aseguró el penalista.

Simón se refirió además a las posibles razones por las que se desangró la adolescente, y acotó la necesidad de determinar si Richiez sufría de hemofilia, lo que implicaría que la responsabilidad penal de John Kelly sería distinta a la que se ha ventilado.

Gabinete de la Niñez y la Adolescencia

De su lado, la presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia y primera dama de la República, Raquel Arbaje, dio a conocer ayer un comunicado en el que exige justicia por la muerte de la joven Esmeralda Richiez, de 16 años, fallecida en La Otra Banda, de Higüey, provincia La Altagracia, afirmando que la investigación forense comprobó que falleció luego de una violenta relación sexual.

De su lado, los diputados Magda Rodríguez y Juan Dionicio Rodríguez, consideran que todavía falta para evitar que ocurran muertes como estas. Abogan por endurecer las penas y empoderar a las mejores de edad en temas de relaciones íntimas.