Un conocido juez recomendó hace poco a los oyentes de una radio de Haití: “No se dejen arrestar, porque no saben si los dejarán salir de la cárcel”.

El sistema judicial de Haití no funciona bien desde hace tiempo. Pero en los últimos años demoras en las designaciones de jueces, un aumento en la violencia y protestas de los jueces y el personal judicial en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones laborales han desbordado un sistema en el que el 80% de los reos son retenidos sin juicio y aumentan las detenciones preventivas ilegales y arbitrarias, según activistas.

“Estas condiciones son inaceptables, violan la prohibición de un trato cruel, inhumano y degradante”, expresó la Oficina Integrada de Haití de las Naciones Unidas esta semana en un comunicado.

Se calcula que unos 11.000 reos están siendo retenidos en prisiones de todo el país, incluida la Penitenciaría Nacional de la capital Puerto Príncipe, con capacidad para 800 presos pero que alberga unos 3.800.

“El sistema está de rodillas”, dijo Marie-Yolène Gilles, directora ejecutiva de la organización defensora de los derechos humanos Fondasyion Je Klere. “Está paralizado desde hace un año”.

Una tarde reciente, más de una docena de personas se congregaron frente a la Penitenciaría Nacional con coloridas bolsas de plástico con comida para sus seres queridos.

Lina André viajó más de una hora para ver a su novio, detenido diez años pero que no ve a un juez desde que fue arrestado bajo sospecha de haber matado a un individuo.

“Espero que el sistema funcione algún día y que la gente no tenga que sufrir”, manifestó.

Haití es uno de los diez países del mundo donde los reos pasan más tiempo detenidos sin juicio. La gente a menudo pasa una década presa a la espera de una vista judicial, según las Naciones Unidas.

Y las cosas podrían empeorar, según los activistas, en vista de un aumento en la violencia y las protestas, a lo que se suma un reciente decreto del presidente Jovenel Moïse que cataloga ciertos delitos como actos de terrorismo, incluidos robos, incendios intencionales y el bloqueo de carreteras, cosas frecuentes durante las manifestaciones de protesta.

En una audiencia del mes pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el abogado Sonel Jean-François dijo que los tribunales de primera instancia y los de apelaciones no funcionan debidamente desde hace dos años porque las vistas son interrumpidas a menudo por bandas armadas que operan en la zona.

“Esto constituye una violación del derecho de las víctimas a que se haga justicia y del derecho de los detenidos a ser juzgados en un tiempo razonable”, manifestó.

No es inusual escuchar tiros alrededor de los juzgados, que hacen que los empleados se vayan a sus casas temprano, indicó la jueza investigadora Yvenne Tibeau. Agregó que desde hace un año que no hay guardias en los tribunales.

Tibeau y otros jueces hicieron una huelga de hambre el año pasado, después de que Monferrier Dorval, un respetado abogado y presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, fuese asesinado a tiros en su casa. El caso no ha sido resuelto. Tibeau reanudó sus actividades, pero teme por su seguridad y dijo que el gobierno no ha respondido a sus reiterados pedidos de una escolta policial.

Los procesos judiciales también son interrumpidos por huelgas del personal de los juzgados que exigen mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales. La mayoría de ellos ganan el equivalente a unos 270 dólares al mes.

“Cada vez que hay una huelga, sabemos que eso perjudica a los reos”, expresó Elisée Cadet, representante sindical de los empleados de los tribunales. “No solo a los presos. Hace daño al sistema judicial. Pero es la única forma de hacernos escuchar”.

Las huelgas acarrean sus consecuencias, según el juez Bernard Saint-Vil. “El momento en que se ausenta un secretario de juzgado, todo el sistema de desmorona”.

La escasez de jueces contribuye asimismo a que se acumulen los procesos. Saint-Vill dijo que alguna vez hubo 40 jueces en el principal juzgado de Haití, y ahora quedan solo 25.

Brian Concannon, asesor del Instituto para la Justicia y la Democracia de Haití, dijo que al no designarse más jueces, hay menos voces que puedan emitir fallos contra el gobierno y que los actuales jueces saben que no serán confirmados para otro período si no siguen la línea del gobierno de Moïse.

Así se politiza el sistema legal. Hay sonados casos de crímenes de lesa humanidad o que involucran a altos funcionarios que son demorados y quienes no tienen dinero ni conocidos influyentes esperan eternidades ser juzgados, expresó Alexandra Filippova, abogada del instituto.

En enero hubo una reunión entre funcionarios haitianos y representantes de las Naciones Unidas y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la que surgieron varias iniciativas y el compromiso de los haitianos de reformar su sistema judicial y limitar la cantidad de gente bajo custodia. La ONU, no obstante, dijo en un comunicado que en el pasado hubo compromisos similares y no pasó nada.