Un contrato como el que firmó el entonces ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem con la compañía Aurix en junio del 2020, en el periodo de transición de un gobierno a otro, debió ser considerado sospechoso desde su origen mismo, pero más sospechoso todavía es que no existan registros institucionales que lo avalen, como señala el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la llamada Operación Camaleón.

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Que a estas alturas, cuatro años después de haber sido firmado, no esté claro si ese “acuerdo de cooperación” estaba o no vigente enreda aun más las cosas, dejando en el aire la sensación de que hay gente que no está diciendo toda la verdad, y no me refiero a los que hoy tendrán que verle la cara al juez o la jueza que les impondrá medida de coerción. ¿Por qué en lugar de engavetarlo durante cuatro años, como declaró el MIDE en un comunicado, no lo denunció o lo anuló? ¿Nos hubiéramos enterado de su existencia si el empresario José Gómez Canaán no lo informa a la opinión pública cuando ya sabía que el brazo de la justicia estaba a punto de tocar sus puertas?

Son preguntas retóricas, pero que deben encontrar respuestas durante el juicio que se le seguirá a los imputados. Por lo pronto, cuando se lee el documento del Ministerio Público da la impresión de que ese contrato, que dice fue rubricado “de manera oculta y con intenciones dolosas”, estaba vigente cuando señala que “las actividades de captación y seguimiento de informaciones gestionadas por organismos de seguridad nacional fueron legitimadas mediante un acuerdo ilegal de cooperación entre el MIDE, representado por Paulino Sem, y Aurix SAS, por José Angel Gómez Canaán”.

Habrá que esperar el inicio del juicio, insisto, para entender porqué, a pesar de que dicen que nunca se ejecutó y su duración era de tan solo un año, el Ministerio Público lo incluyó en el expediente acusatorio.