Hoy 
Estado de alarma por homicidios en destacamentos de PN. Las muertes en casi un mes de al menos tres jóvenes que recibieron golpes mortales por necesidad en recintos policiales desconectados geográficamente (en el Distrito Nacional, Baní y San José de Ocoa) indican como práctica recurrente, no de simples hechos aislados, la aplicación de violencia física contra ciudadanos reducidos a la obediencia.
En algunas etapas del cuerpo del orden incluyendo la actual el poder civil se ha propuesto, sin lograr progresos significativos o solo para dar paso a retrocesos, erradicar los horrores de la tortura, simulación de intercambios de disparos y el uso a mansalva de armas de fuego contra civiles.
Los excesos de los miembros de la institución se repiten como si no existiera una firmeza de directrices y protocolos desde las superioridades que los encuadre en el respeto a la integridad física y la vida de quienes de ellos solo merecen permanente protección.
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Para mayor alarma ciudadana, la Policía no parece aplicar mecanismos que destierren inconductas en sus filas y acabando de ocurrir estas últimas tragedias, familiares de las víctimas sintieron una hiriente resistencia a transparentar los actos violatorios de algunos agentes y su disposición para la investigación a fondo y la autocrítica llegó después que el país vibró escandalizado.
Siempre debe suceder con prontitud (y no tardíamente) que el Ministerio Público acuda a los cuarteles a buscar la verdad. Como ha dicho el vicepresidente de FINJUS, para lo definitivo, la Policía no puede investigarse a sí misma.
