Juan Carlos Mejía Aquino 
Rubén Jiménez Bichara, ex administrador de la CDEEE.
El Estado Dominicano presentó hoy por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas, entre los que figura Rubén Jiménez Bichara,, y empresas, las cuales presuntamente estafaron al Estado, a través de las Edes, con más de RD$ 20,000 millones.
Al entramado se les acusa de presunta estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos; asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
Además de Jiménez Bichara, figuran como imputados Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, estos tres últimos cuñados y hermano, respectivamente, del ex presidente de la República Danilo Medina.
También están Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, y más de 25 empresas nacionales que alegadamente fueron parte del entramado «mafioso» contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.
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“La presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias Edesur, Edenorte y Edeeste, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”, expresó Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
Un comunicado precisa que el equipo jurídico contratado, coordinado Miguel Valerio e integrado por otros abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las Edes, «con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación».
«Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas», precisa.
Operativo premeditado. Conforme al comunicado, las indagaciones han puesto en evidencia que Edesur, Edenorte y Edeeste han acumulado «un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada».
Resalta que el supuesto entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en:a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.
El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las Edes sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, «incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales«.
En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020.
Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.
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Por último, «El Estado, Edenorte, Edesur y Edeeste, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma», señala.
