El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas medidas para asegurarse de que las sanciones aplicadas a otros países no afectan al suministro allí de la ayuda humanitaria.

El Departamento de Estado y el del Tesoro indicaron en un comunicado conjunto que van a establecer “regulaciones coherentes» para garantizar que el trabajo humanitario no se vea perjudicado por las sanciones.

De la medida se beneficiarán, entre otros, ciertas organizaciones y entidades internacionales, como la ONU o la Cruz Roja, y las transacciones con ONG dedicadas a ayudar en desastres naturales, servicios sanitarios, educación o protección medioambiental.

El primer paso al respecto se tomó cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con base a una resolución presentada por Irlanda y Estados Unidos, acordó el 9 de diciembre establecer una excepción generalizada a sus sanciones económicas para asegurar que no afectan a la labor de las organizaciones humanitarias.

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Las licencias lanzadas ahora por Estados Unidos ayudarán al cumplimiento de esa resolución y se suman a las excepciones ya en vigor en distintos programas de sanciones. Incluyen además salvaguardas para evitar abusos o desvíos y asegurarse de que las sanciones sean más claras, efectivas y sencillas.

“Estamos deseando trabajar con nuestros aliados y socios alrededor del mundo, y con instituciones financieras y humanitarias, para que esas licencias se entiendan y apliquen con el objetivo de que la comida, los medicamentos y la ayuda humanitaria llegan a los más necesitados”, apuntó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.

El jefe de la diplomacia estadounidense consideró que el paso dado es “fundamental para afrontar desafíos humanitarios de una magnitud sin precedentes” en un momento en que “más de 100 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse en todo el mundo” y hay 205 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda.