Luego de que Adán Peguero solicitara al Ministerio Público y la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, revelar los resultados que arrojó la investigación realizada en su contra por la presuntas irregularidades cometidas en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) durante su gestión, la DIGEIG informó que «en los casos asumidos por la Procuraduría General de la República (PGR), en aplicación del debido proceso, carece de competencia».

En un comunicado de prensa enviado a la redacción de Hoy Digital, la institución puntualizó que son un organismo público vinculado al Poder Ejecutivo, y no al Poder Judicial.

«La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental recuerda a los ciudadanos que sus funciones están enmarcadas en diseñar, desarrollar y gestionar las políticas y estrategias en materia de ética e integridad gubernamental que faciliten la disminución de los factores que estimulan la corrupción administrativa, así como acompañar a las instituciones públicas en su implementación», se lee en el documento.

Petición de Adán Peguero

Adán Peguero realizó la petición a través de su cuenta en la plataforma X (antiguo Twitter), donde dijo que la situación está afectando a su familia y a su carrera política.

“El Ministerio Público y Milagros Ortiz Bosch deben explicar al país cuál fue el resultado de la investigación que se realizó en mi contra. Esto está afectando a mi familia y mi carrera. Creo que no merezco el trato que me están dando”, escribió Peguero un días después de las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de las que participó como precandidato a la alcaldía de Santo Domingo Este.

Adán Peguero fue suspendido de la dirección de Inposdom en el 2021, por el presidente Luis Abinader, luego de una denuncia en su contra, referente a un acuerdo que habría firmado con la empresa Mía Cargo Group, violando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Conforme a la revelado en un reportaje de la periodista Nuria Piera, los contratos fueron ejecutados por Peguero sin la observación de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, y sin tomar en cuenta que uno de sus propietarios tiene problemas judiciales en Argentina, donde fue acusado de fraudes.

Otro caso que también hizo ruido en la gestión de Peguero, fue las cancelaciones a personal de la pasada gestión que estarían protegidos por la ley de función pública.

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